Publicado 31/10/2025 11:34

El GOB lleva a Europa su ofensiva contra la ley de obtención de suelo del Govern: "Es un auténtico suicidio"

Las tres representantes del GOB, este jueves en una rueda de prensa.
Las tres representantes del GOB, este jueves en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha denunciado ante la Comisión Europea las leyes de obtención de suelo y de simplificación administrativa aprobadas por el Govern al entender que suponen una vulneración del derecho ambiental europeo y la directiva marco del agua.

    La denuncia, han informado diversas representantes de la entidad ecologista en una rueda de prensa celebrada este viernes, fue registrada formalmente a inicios de semana y va dirigida tanto contra el Ejecutivo autonómico como contra el Estado.

    Con esta se completa la ofensiva judicial contra las leyes y decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens que "atentan contra el territorio".

    El GOB ya ha impulsado en los últimos meses dos recursos ante el Tribunal Constitucional y ha presentado otra denuncia ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, por sobre la Serra de Tramuntana.

    "Es el último empujón, contundente y fuerte", ha explicado la portavoz del área de Territorio de la entidad ecologista, Margalida Ramis.

    Muchos de los argumentos que han puesto sobre la mesa de la Comisión Europea, ha explicado, son los que ya han planteado en sus recursos de inconstitucionalidad pero adaptados a la vulneración de las directivas europeas, especialmente las relativas al agua.

    "Es un recurso clave y fundamental, y que será estratégico para hacer frente a la crisis climática. Es por ello que pensamos que es un auténtico suicidio incidir en nuevos crecimientos cuando el agua no está ni siquiera garantizada", ha sostenido.

    Ramis ha confiado en que esta denuncia ante la Comisión Europea acabe en una sanción tanto al Estado, en tanto garante del cumplimiento de las normativas europeas que tiene traspuestas, como a la comunidad autónoma.

    "¿Qué puede pasar? Que la Unión Europea abra un trámite que puede ser que dure un año pero que nos abrirá una ventana de interlocución, porque seguramente nos pedirán más información. Y a partir de ahí podría ser que decidieran sancionar", ha indicado.

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado