VALLADOLID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El próximo 31 de marzo termina el plazo para que propietarios, profesionales o empresas que introducen madera o productos de la madera en el mercado interior de la Unión Europea presenten una declaración responsable en la que expresen sus cuantías y procedencias.
Estas obligaciones forman parte de una serie de medidas desarrolladas por la Comisión Europea para luchar contra la tala ilegal en los bosques y contra el comercio asociado, que se recogen en dos Reglamentos de aplicación inmediata, recuerda la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Por un lado está el 'Reglamento FLEGT', destinado a la conformación de acuerdos voluntarios entre la UE y países exportadores de madera, que garanticen que la madera y sus productos proceden de aprovechamientos legales y sostenibles. Por otro lado está el 'Reglamento EUTR', que completa al anterior, para alcanzar no solo al resto de países, sino también a los bosques de la propia Unión Europea.
España desarrolló estas normas mediante real decreto y en 2018 elaboró un Plan Nacional de Control, encomendando a cada comunidad autónoma que elaborara su propio Programa de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada, adaptado a las características propias de los sectores implicados.
La Comunidad de Castilla y León cuenta con su programa desde el 15 de noviembre de 2019, que está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, fácil de encontrar realizando la búsqueda 'EUTR JCYL'. En 2020 se presentaron 86 declaraciones responsables en Castilla y León y hasta la fecha solo se han presentado 25.
"Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se recuerda a todos aquellos agentes del sector de la madera implicados por estas normas, es decir, a aquellos que introducen por vez primera en el mercado interior madera o sus productos, que deben efectuar sus declaraciones hasta el 31 de marzo, inclusive, a través de la aplicación web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://servicio.mapama.gob.es/eutr , cuyo acceso es gratuito", añade la Junta.
Posteriormente se llevarán a cabo controles e inspecciones que, en caso de infracción, podrían dar lugar a sanciones de hasta un millón de euros, incautación de la madera o los productos o prohibición de comercialización, en aquellos supuestos de mayor gravedad, concluye el comunicado.