Colegio de Abogados de Madrid.- El ICAM impulsa un Registro Estatal de Algoritmos para el mercados de bienes y servicios de consumo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid ha anunciado que trabaja en una iniciativa legislativa para impulsar la creación de un Registro Estatal de Algoritmos con impacto en las relaciones de consumo en el marco del VII Congreso Nacional de Consumo, ha informado el ICAM en un comunicado.

Según detalla el Colegio, el objetivo es garantizar que "los sistemas automatizados que influyen en precios, decisiones comerciales y condiciones contractuales estén sometidos a obligaciones de transparencia, control y responsabilidad".

"Las decisiones que afectan a la ciudadanía ya no siempre las toman las personas, sino sistemas algorítmicos con consecuencias reales en el ámbito del consumo", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

"Por ello, desde el ICAM, en cooperación con la Asociación Española de Derechos del Consumo, estamos trabajando en una propuesta de iniciativa legislativa para reforzar la transparencia y la responsabilidad, así como la supervisión de estos sistemas", ha añadido.

La propuesta parte de una preocupación creciente por el uso opaco de algoritmos en sectores como la distribución, el entretenimiento, los seguros, el crédito o el comercio electrónico.

Sistemas automatizados deciden hoy qué precio se le ofrece a cada usuario, qué anuncio ve, qué condiciones se le aplican o si accede o no a determinados servicios, sin que el consumidor pueda conocer los criterios empleados ni los datos utilizados.

Entre los riesgos identificados figuran la discriminación algorítmica por perfil socioeconómico o zona geográfica, la manipulación de precios en tiempo real en función del comportamiento del usuario, el uso de datos sensibles para limitar el acceso a servicios, o la imposibilidad de detectar si una decisión perjudicial ha sido tomada por una máquina sin supervisión humana.

Frente a ello, el Registro permitiría identificar, documentar y auditar de forma independiente los algoritmos que operan en mercados de bienes y servicios de consumo.

Las empresas estarían obligadas a inscribir aquellos sistemas que puedan afectar significativamente a los derechos del consumidor, aportando información básica sobre su finalidad, los datos que emplean y los criterios generales de decisión.