El 50% de personal vasco de Justicia está capacitado para atender en euskera y el objetivo es llegar al 65% en diez años

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 50% del personal de la Admnistración de Justicia del País Vasco está capacitado para atender en euskera y el objetivo es llegar al 60 o 65% en el plazo de diez años, según los datos aportados hoy por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en el transcurso de la inauguración del Congreso sobre el uso del Euskera entre el personal de Justicia de Euskadi que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En su intervención, el titular de Justicia defendió la necesidad de avanzar "un poco cada día" para "hacer realidad la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en la Administración de Justicia". "Tenemos que lograr que lo que es un servicio público esencial se adapte a la realidad lingüística de la Euskadi", afirmó.

Joseba Azkarraga señaló que, en la actualidad, entre las personas que dominan perfectamente el euskera y las que se encuentran en un proceso bastante avanzado de aprendizaje, se puede hablar de que un 50% del personal de la Administración de Justicia del País Vasco está capacitado para atender a la ciudadanía en euskera.

El objetivo, según explicó, es elevar ese porcentaje hasta el 60 o 65% en los próximos diez años. Tras señalar que se está en una "situacion relativamente positiva", subrayó que el euskera, a pesar de ser un "elemento esencial" del pueblo vasco y un "patrimonio que goza de la máxima protección legal", sigue siendo "una asignatura pendiente" en la Administración de Justicia en Euskadi, ya que "quedó al margen del ámbito de aplicación de los planes para la normalización lingüística en las Administraciones Públicas".

"Las competencias parciales del Gobierno Vasco en esta materia limitan nuestra intervención. Pero somos conscientes de que no es de recibo que el principal motivo de queja de los ciudadanos que llegan a nuestro Departamento se refiera a vulneraciones de los derechos lingüísticos de los justiciables", manifestó.

En este sentido, el titular vasco de Justicia recordó que "no son los justiciables" quienes precisan de intérpretes de euskera para relacionarse con la Administración de Justicia. Azkarraga indicó que el respeto a los derechos lingüísticos determina que, "quienes precisan auxilio de un traductor-intérprete, son quienes están o estamos insuficientemente cualificados para articular esa relación de forma directa".

Asimismo, afirmó que la garantía de los derechos lingüísticos debe ser una cuestión en la que "prime la búsqueda de un acuerdo alejado de la lucha partidaria". En este sentido, recordó que varias sentencias del Tribunal Constitucional han avalado normas y acuerdos impulsados desde el Departamento vasco de Justicia e impugnados por el Estado.

PLAN DE USO DEL EUSKERA

Durante su intervención, Azkarraga se referió al Plan General de Normalización Lingüística en la Administración de Justicia, uno de cuyos ejes "será la búsqueda de consensos" con las organizaciones sindicales y, especialmente, con las instituciones que se encuentran "fuera de la órbita de actuación de la comunidad". "Porque, lamentablemente, eso no se ha producido en los últimos años con el CGPJ ni con el Ministerio de Justicia", agregó.

No obstante, Azkarraga se mostró convencido de que se puede pactar "un mínimo común denominador" con todas las instancias e instituciones, con el objetivo de lograr que "lo que es un servicio público esencial se adapte a la realidad lingüística del País Vasco".

En este sentido, el titular de Justicia consideró que "una intervención de calado debe combinar adecuadamente el impulso político, los instrumentos legales y la dotación presupuestaria"

Joseba Azkarragga recordó que Euskadi es la primera Comunidad Autónoma en la que se ha elaborado un Plan General de Normalización Lingüística en el ámbito de la Justicia. Este documento, que marcará las pautas para los próximos 10 años, está ya elaborado y ha comenzado su tramitación dentro del Gobierno.

Las cuentas del 2007 contemplan un presupuesto total para euskaldunización en la Administración de Justicia de más de 3 millones de euros y el coste total estimado en la próxima década supera los 40 millones, según explicó Azkarraga.

Por otra parte, el consejero de Justicia expuso los objetivos estratégicos del Decálogo de Derechos Lingüísticos de la ciudadanía en la Administración de Justicia, aprobado durante la última reunión de la Comisión Mixta Interinstitucional de mayo de 2007.

Entre ellos, se encuentran los de difundir la importancia que se confiere al euskera, estimular el uso de servicios en euskera desde la ciudadanía y los profesionales, incidir en la implicación del personal funcionario para que use el euskera o procurar una actitud favorable de jueces, fiscales y secretarios judiciales hacia la normalización lingüística.