El texto, apoyado por todos los grupos salvo Vox, consolida el compromiso del Gobierno de destinar el 0,7% de su gasto a cooperación
VITORIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos salvo el Mixto-Vox, la 'Ley de Cooperación y Solidaridad', que refuerza el protagonismo de las ONGD, prohíbe financiar con fondos públicos empresas armamentísticas y consolida el compromiso del Gobierno Vasco de destinar el 0,7% de su gasto total anual a políticas de cooperación.
El proyecto de ley ha sido defendido en el pleno de este jueves por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, que se ha felicitado por el hecho de que un texto de estas características haya sido aprobado "por una amplísima mayoría, muy próxima a la unanimidad".
"Es un hecho muy significativo y lo quiero subrayar: la solidaridad nos une; y este es un mensaje especialmente positivo para el conjunto de la sociedad vasca", ha manifestado.
A través de esta ley, se pretende impulsar el desarrollo humano y la sostenibilidad; transformar las causas estructurales que generan pobreza y exclusión; luchar contra las desigualdades, por los derechos humanos y la justicia global; promover sociedades libres, democráticas, pacíficas e inclusivas; e impulsar un cambio de valores y el compromiso y la movilización social en favor de la justicia social y el desarrollo humano. A su vez, se trata de "fortalecer" a las organizaciones sociales en Euskadi y en el Sur.
La nueva norma establece, además, que "el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus políticas de promoción económica, no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar".
El texto --según ha indicado Melgosa-- "ratifica el compromiso solidario de las actuaciones de cooperación y solidaridad y el poder transformador de estas políticas para garantizar la dignidad de todas las personas".
Además, a través de la ley se pretende reconocer y poner en valor el papel de las ONGD, de las que la consejera ha subrayado que "han sido históricamente el motor de la cooperación vasca" y que --según ha afirmado-- "seguirán siendo en el futuro la punta de lanza de la cooperación y la solidaridad vascas".
La ley prevé el desarrollo de normas y procedimientos específicos que permitan una gestión "más ágil y simplificada". En este sentido, Melgosa ha recordado que las acciones de cooperación y solidaridad se desarrollan en gran medida sobre el terreno, en países, territorios y comunidades "vulnerables y por lo general inestables".
"RENDICIÓN DE CUENTAS"
Asimismo, ha destacado que "en buena parte de estos países" se están produciendo "restricciones del espacio democrático que están afectando a los proyectos de cooperación y solidaridad sobre el terreno". En este contexto, ha subrayado que la ley contempla también medidas de "control, transparencia y rendición de cuentas".
"Hablamos de políticas públicas y de dinero público; pero a través de instrumentos que permitan una cooperación y una solidaridad eficientes", ha precisado.
Melgosa ha puesto de manifiesto que el texto "consolida el compromiso solidario con la provisión de fondos suficientes para el desarrollo de la política". La consejera ha destacado que "para cumplir este compromiso, el Gobierno Vasco destinará anualmente, al menos, el 0,7% de su gasto total a la política de cooperación y solidaridad".
En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Markel Aranburu ha subrayado que la ley establece "principios y enfoques transformadores", pero también contempla "medidas concretas", como que los presupuestos vascos vayan a destinar anualmente al menos el 0,7% de su gasto total a políticas de cooperación.
Además, ha aludido al compromiso de que el Gobierno apruebe "normas especiales que regulen las ayudas y subvenciones" en este ámbito, con el fin de "agilizar y simplificar los trámites burocráticos".
Desde EH Bildu, Diana Urrea ha afirmado que situaciones como el "genocidio" en Palestina por parte de Israel hacen que sea "más necesario que nunca" reivindicar los principios de "ciudadanía global y de solidaridad entre los pueblos", para lo que esta ley "puede ser una herramienta importante".
Además, ha manifestado que la cooperación vasca descentralizada "tiene una clara traducción en materia de erradicación de la pobreza, promoción de la igualdad, empoderamiento de las mujeres, justicia social, cuidado del medio ambiente, y protección a defensoras de derechos humanos".
La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallastegui ha afirmado que la situación internacional es, en la actualidad, "muy compleja", con "un mundo en el que las crisis se acumulan y superponen". "Pobreza, desigualdad; emergencia alimentaria, climática; conflictos violentos y casi siempre enquistados; vulneraciones de derechos humanos", ha recordado, por lo que ha considerado que "no ha habido un momento histórico en el que la cooperación internacional sea tan necesaria como ahora".
"DEMOLICIÓN DE DERECHOS HUMANOS"
Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez, ha destacado que los cambios que se plantean en esta ley "tienen que ir mucho más allá de la política de cooperación y solidaridad". Además, ha afirmado que, "en un día como hoy, esta ley cobra especial relevancia en un mundo en el que asistimos a la demolición del sistema internacional de derechos humanos" y que "asiste al genocidio del pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel".
El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha manifestado que "es necesario "crear nuevos instrumentos que den cauce más efectivo a la cooperación y a la solidaridad internacional y abrir el espacio a actores que pueden ayudar en el empeño, además abordar procesos de desburocratización", algo que --según ha destacado-- debe hacerse a través de instrumentos como esta ley.
La única parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha votado en contra de la ley por considerar que conforma un modelo de cooperación diseñado en una clave "ideológica" con la que no está de acuerdo.
El parlamentario del Grupo Mixto-Cx, Jose Manuel Gil, no ha intervenido en el debate.
Andalucía
