BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia), que ha evitado desde junio 20 desahucios con el servicio de intermediación hipotecaria, estudia, junto al Colegio de Abogados de Bizkaia, cómo atender los pagos de alquileres, según ha informado el alcalde, Alfonso García.
En rueda de prensa, el alcalde, que ha comparecido junto representante de los letrados Luis María Cordero, ha destacado que el Consistorio fabril "se ha situado a la cabeza en la lucha contra los desahucios", impulsando en los últimos meses "numerosas iniciativas para que nadie sea desalojado de su vivienda", entre ellas, la asistencia jurídica gratuita a las familias en riesgo de ser desahuciadas, gracias a un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia, que incluye sendos servicios de información e intermediación hipotecaria.
García ha indicado que, "en el 100% de los casos en los que el Colegio de Abogados ha intermediado, se ha evitado el desahucio de las familias afectadas". Así, ha señalado que, "en 18 de los 20 expedientes se ha logrado impedir la judicialización, porque se ha llegado a un acuerdo con la entidad bancaria mediante una negociación".
Además, ha explicado que, en las negociaciones, los abogados "han conseguido suprimir cláusulas suelo, que los afectados accedan a la dación en pago de la vivienda, plantear una carencia de pagos, ajustar las cuotas de los préstamos en función de los ingresos y gastos soportados por la unidad convivencial, rebajar los intereses de demora o quedarse en la vivienda en régimen de alquiler una vez subastada y adjudicada por impagos".
En ese sentido, ha indicado que "solo otros dos ayuntamientos vizcaínos -Basauri y Sestao- cuentan actualmente con esta atención integral a los afectados, por lo que Barakaldo es, una vez más, una de las instituciones pioneras en la materia".
Los letrados tratan de informar y asesorar sobre procedimientos concretos ante las dificultades de pago, plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas hipotecarias, negociar medidas alternativas y encontrar caminos de intermediación en los casos de posibles ejecuciones hipotecarias.
Se trata de un servicio que gestiona la problemática del usuario en toda su globalidad, tanto en la fase previa de asesoramiento y extrajudicial, con la correspondiente intermediación, como en la fase judicial. Esta última dentro siempre de los supuestos de concesión del derecho de justicia gratuita. Se trata, "de evitar en todo momento la judicialización de los casos, iniciando una renegociación desde el minuto 1 para dar una solución al problema", han indicado.
Hasta el presente mes de diciembre, las trabajadoras sociales han derivado al servicio de información hipotecaria un total de 47 casos y otros 20 expedientes han necesitado posteriormente de intermediación. En la mayoría de las ocasiones, las personas que han accedido a este último servicio han pasado previamente por el de información.
Por meses, los 47 casos atendidos por el servicio de información hipotecaria se distribuyen de la siguiente manera: 11 en junio, 9 en julio, 8 en septiembre, 13 en octubre y 6 en noviembre.
Alfonso García ha avanzado que el acuerdo con el Colegio de Abogados se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año y se va a renovar por un ejercicio más, "ante los buenos resultados que está dando". En concreto, ha destacado que se ha observado en noviembre y, sobre todo, en diciembre, "una reducción importante de los casos atendidos, por lo que las situaciones de riesgo de desahucio inminente por impago de la hipoteca se han visto reducidas".
30.000 EUROS
Por eso, aunque el Ayuntamiento mantenga intacta en 2014 la partida económica de 30.000 euros reservada este año para el servicio, en principio la atención se realizará dos jueves al mes en lugar de todas las semanas como se venía haciendo hasta la actualidad, lo que se podrá modificar en función de si aumenta o no la demanda.
Como novedad para el próximo año, el Ayuntamiento está estudiando junto a los letrados la posibilidad de derivarles los casos de impagos de alquileres. "Esto va a resultar, sin duda, más complicado de articular, porque en muchas ocasiones la situación del inquilino que no puede pagar su mensualidad es igual de complicada económicamente que la del arrendador, que necesita el dinero para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, hay dos familias afectadas y la negociación se antoja muy compleja", ha explicado el alcalde.
El Ayuntamiento, ha indicado, dispone de datos del Juzgado que "evidencian que estas situaciones se dan a menudo, pero no es menos cierto que muchos de los inquilinos no quieren que nadie interceda por ellos, ni siquiera gestionándoles una ayuda". "Se sospecha, y en algún caso se tiene la certeza, que esto es debido a que tienen medios económicos suficientes para pagar, y no lo hacen simplemente porque no quieren. Así de simple. Digamos que se aprovechan de la legislación vigente para apurar su estancia en la vivienda y pasar de ahí a otra", ha advertido.
En esas situaciones, el Ayuntamiento no podrá hacer nada y, según ha reconocido, "en el 60% de los casos donde se tramita un desahucio por impago del alquiler que ha remitido el Juzgado al Ayuntamiento se dan esas situaciones de personas que las trabajadoras sociales han constatado que tienen recursos y, aun así, no pagan al arrendador, que es realmente el perjudicado".
OTRAS MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS
García ha señalado que desde el Gobierno municipal, "día tras día, se evita el desalojo de su vivienda de alguna familia baracaldesa con la concesión de una ayuda de emergencia". En lo que va de año hay ya más de 500 subvenciones de este tipo.
Además, ha recordado que en diciembre del año pasado todos los grupos políticos acordaron una moción que marcaba la línea de actuación en esta materia y en enero se creó un Grupo de Trabajo político-técnico para ir dando forma a nuevas iniciativas.
El Ayuntamiento también se ha reunido con bancos y cajas de la ciudad para instarles a colaborar con las trabajadoras sociales y letrados y no realizar más desahucios, y se ha unido al Fondo Social de Vivienda promovida por el Gobierno de España.
