BILBAO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barakaldo y el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco han desarrollado un protocolo para la puesta en marcha de un plan piloto dirigido a introducir en el mercado laboral a personas preceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos como cuidadores de personas mayores y dependientes.
En función de este acuerdo, el Ayuntamiento vizcaíno se compromete a realizar a través de los servicios sociales de base una primera selección de los canditados a participar en el programa, teniendo en cuenta criterios como la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos, la motivación hacia la formación y el trabajo de cuidado a personas, la "discrimación positiva" de mujeres con menores a su cargo y de la población inmigrante, y la capacidad de lectoescritura media.
Asimismo, se encargará de difundir las características del proyecto y motivar a las personas potencialmente beneficiarias, y de garantizar la coordinación con los servicios de orientación y empleo para ejecutar "con éxito" las labores de seguimiento y acompañamiento individualizado.
Del mismo modo, colaborará con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en la identificación de centros o familias donde las personas participantes pudieran emplearse tanto durante la contratación a lo largo del programa, así como una vez finalizado éste.
El Ayuntamiento de Barakaldo remitirá un listado mínimo de 20 personas preseleccionadas al Servicio de Orientación asignado, del que deberán ser seleccionadas trece personas para participar en el proceso de formación, aunque sólo diez serán finalmente contratadas.
A través de este programa, se pretende establecer medidas para apoyar el acceso al mercado de trabajo a un grupo de personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos, garantizar un acompañamiento integral e individualizado a cada persona participante, generar "empleos de calidad en trabajos que han sido tradicionalmente relegados a la economía sumergida", e incentivar el desarrollo de políticas de inclusión activa.
La fase de formación, en competencias básicas y técnicas, se desarrollará hasta mayo, mientras que la fase de contratación tendrá una duración de seis meses, con contratos laborales a tiempo completo.
