BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Batasuna expresó hoy su oposición a la posibilidad de que se construya una central de ciclo combinado en las actuales instalaciones de la central de Lemoiz y reclamó al Gobierno central que quede "invalidado el derecho de compra" de Iberdrola. Asimismo, pidió a la Administración vasca una política energética "pública y progresista".
Los representantes de Batasuna Goio Acero, Marije Fullaondo y Mikel Etxaburu ofrecieron hoy una rueda de prensa en Bilbao, en la que lamentaron que Iberdrola plantee ejercer su derecho preferente de utilización en el caso de la venta del emplazamiento energético y la posibilidad de ubicar en estos terrenos una central de ciclo combinado, transcurridos 25 años del "cierre" de la central de Lemoiz, que supuso "un símbolo de lucha popular".
En este sentido, lamentaron que se "exploten viejas recetas de imposición", repitiendo "el esquema de Boroa", sin tener en cuenta "la oposición" de los vecinos de las localidades afectadas, "impidiendo" la participación popular y defendiendo "los intereses de los que más tienen". Asimismo, advirtieron de que no se consideran los efectos "muy nocivos" para la salud y las "graves consecuencias" que una central de ciclo combinado podría causar.
De la misma manera, censuraron que el proyecto constituye una apuesta para hacer "negocio puro y duro" ya que Iberdrola no pretende, según indicó, cubrir las necesidades de los ciudadanos vascos, sino producir "cuanto más mejor".
"VERGONZOSA APUESTA"
Batasuna indicó que esta intención se enmarca dentro de la "vergonzosa apuesta" del tripartito vasco en la "privatización" del sector energético. "Iberdrola aprovecha el empuje institucional para sus propios intereses privados", criticó la formación, que insistió en que el Gobierno vasco tiene "una responsabilidad directa en la gestión retrógrada" en política energética que "abre las puertas de par en par a las intenciones especulativas" de la eléctrica.
En este contexto, anunció que se opondrá a "entrar en este juego" y hará todo lo posible para "denunciar y hacer frente en la práctica a cualquier proyecto que suponga una imposición y no tenga en cuenta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, y profundice en la privatización del sector energético".
De esta manera pidió que el derecho sobre la compra de Iberdrola quede "automáticamente invalidado" y exigió que prevalezcan "los intereses de los pueblos y sus ciudadanos" por encima de los las multinacionales. De este modo, reclamó a la Administración vasca que desarrolle una política energética "pública y progresista" que contemple el interés de la mayoría de los ciudadanos.
Finalmente, demandó la puesta en marcha de un debate social sobre las necesidades en esta materia y posteriormente decidir las alternativas.
