La dirección de la residencia Tabira Berri de Durango acumula ocho sanciones desde 2023 por incumplimientos

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la residencia Tabira Berri de Durango (Bizkaia) acumula ocho sanciones desde 2023 por incumplimientos en otros centros y viviendas comunitarias que gestiona, según ha informado la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, en la correspondiente comisión de las Juntas Generales de Bizkaia celebrada este lunes.

Según ha recordado la Cámara foral, el pasado 23 de marzo, en una comisión en las Juntas Generales de Bizkaia, Virginia Merino Beitia, familiar de una persona residente en el centro Tabira Berri de Durango, denunció la situación de "precariedad y las graves deficiencias" que atravesaban las personas usuarias de esta residencia. Su testimonio se centró en describir una situación "de pesadilla", ante la "falta de personal, higiene y alimentación, el mantenimiento deficiente, y la desatención institucional".

Tras escuchar sus críticas en la comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, los grupos junteros de la oposición decidieron registrar escritos de comparecencia para pedir explicaciones a la Diputación.

Este lunes en la correspondiente comisión de las Juntas Generales de Bizkaia, la diputada de Acción Social ha ofrecido la versión de los hechos, previamente contrastados con los servicios de Inspección, trabajadores, dirección y familiares del centro. Su intervención ha incluido las quejas, vulneraciones y sanciones del centro residencial Tabira Berri, de Durango, desde 2023, y también del resto de recursos gestionados por su misma dirección, que suman otras cuatro residencias y viviendas comunitarias.

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS

Durante su intervención, Antxustegi ha subrayado que la detección de anomalías y la imposición de sanciones son la prueba de que el sistema de inspección de la Diputación es "garantista, activo y funciona con rigor técnico y jurídico".

Dicho esto, ha desmentido cualquier idea de "dejadez o improvisación" en el sistema residencial, afirmando que las inspecciones se realizan "sin previo aviso" por personal funcionario independiente. "Si algo falla, se detecta, se corrige y, si procede, se sanciona", ha declarado, enfatizando que las sanciones no son un "síntoma de deterioro, sino de un funcionamiento correcto de la administración foral".

Respecto al centro de Durango, que cuenta con 14 plazas para mayores, la diputada ha detallado que, tras un 2023 sin quejas, el año siguiente se recibieron tres quejas, y en 2025 un total de 14, aunque estas se concentraron mayoritariamente en familiares de solo tres residentes.

Las quejas incluían cuestiones sobre la calidad de la comida, mantenimiento (como fugas de agua y problemas con el pozo séptico), falta de limpieza, brotes de escabiosis e incumplimiento en las ratios de personal. En cuanto a las medidas disciplinarias en este centro concreto, en 2023 se impuso una sanción de 6.000 euros por deficiencias en la ratio de enfermería, limpieza y seguridad en la medicación, cuestiones que fueron subsanadas.

LABOR INSPECTORA

Antxustegi ha informado de que la labor inspectora ha derivado en un total de ocho expedientes sancionadores desde 2024 para el conjunto de recursos gestionados por la misma dirección en otros centros, que suman más de 100.000 euros. Dos sanciones las acumula el centro Lezeaga (Basurto), incluyendo una de 33.302 euros en 2024 por asistencia inadecuada e incumplimiento de ratios, y otra en 2025, de 13.800 euros.

El centro Zumaia, por su parte, fue sancionado con 7.260 euros por incumplir la ratio de personal en 2024. El centro Jado recibió una sanción de 36.737 euros por distintos incumplimientos también ese año.

Ya en 2025 se le incoó otro expediente sancionador por una cuantía de 6.000 euros, y el centro Piñudi recibió sanciones que oscilan entre los 500 euros y los 7.860 euros por deficiencias en mantenimiento, atención integral y falta de timbres en baños.

La diputada ha concluido su intervención asegurando que el Departamento de Acción Social actúa siempre conforme a la ley para ofrecer "veracidad y certeza" a las familias. Ha reiterado su compromiso de comparecer nuevamente una vez se finalice el informe técnico derivado de la última inspección realizada el pasado 27 de marzo en el centro Tabira Berri, para explicar detalladamente sus conclusiones.

OPOSICIÓN

Tras escuchar las explicaciones, Urtzi Ostolozaga Arrien, juntero de EH Bildu, ha calificado el modelo actual de cuidados como "no aceptable" y ha exigido una transformación profunda hacia un "sistema comunitario de gestión directa y control público".

A su vez, ha criticado la "mercantilización de los servicios sociales", denunciando que personas "sin escrúpulos" hagan negocio con los cuidados, y ha acusado a la Diputación de basarse en la "autocomplacencia" al imponer sanciones que "no resuelven los problemas reales".

Además, ha insistido en la necesidad de dignificar las condiciones laborales y revisar las ratios para que las cuidadoras tengan tiempo de calidad con los residentes, mas allá de las tareas puramente asistenciales.

Raquel González Díez-Andino, portavoz del grupo Popular Vizcaíno, ha cuestionado la eficacia del sistema defendido por la diputada, señalando que, aunque los fallos se detectan y sancionan, "no se corrigen", lo que atrapa a las familias en un "bucle de quejas constantes" por mala alimentación, falta de higiene o sarna.

Ha señalado que el volumen de quejas en el centro de Durango es "altísimo" en relación al número de plazas (14) y ha planteado una duda sobre la rentabilidad de las multas: si a las empresas les "compensa" pagar una sanción antes que invertir en personal, uniformes o mantenimiento. Finalmente, ha lamentado que no exista intención de modificar los protocolos actuales a pesar de la reiteración de los incumplimientos.

Por su parte, Eneritz de Madariaga Martín, de Elkarrekin Bizkaia, ha centrado su intervención en la "ineficacia de las inspecciones" porque "falla el modelo, no las personas, para garantizar una calidad asistencial digna", argumentando que el elevado número de expedientes sancionadores es prueba de que el control "no está funcionando como debería". Ha expresado una especial preocupación por la "supervisión de la directora del centro", calificando de "imposible" que una sola persona gestione adecuadamente multitud de recursos residenciales mientras mantiene un empleo externo.

Asimismo, ha defendido la veracidad de las denuncias sociales, rechazando que se trate de una "cruzada" contra las residencias y subrayando la "gravedad de los incumplimientos" reportados por las familias.

OTROS ASUNTOS

En la misma comisión, el grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia ha pedido a la Diputación información sobre el proceso de análisis del Servicio de Infancia.

Antxustegi ha confirmado que se prevé culminar la evaluación final en abril o mayo de 2027, de un proyecto de evaluación que comenzó a rodar en 2025. La diputada se ha comprometido a trasladar las conclusiones tanto a los trabajadores del departamento como a las Juntas Generales en el ejercicio de rendición de cuentas. Es una visión "global" que dará "luz" para establecer la mejora de este servicio, ha indicado.

Por último, el grupo Popular Vizcaíno, en una pregunta oral, ha solicitado la previsión de la Diputación respecto a su participación en el proyecto de la Fundación NahiArte para la ampliación de su actividad con un nuevo local. "El proyecto de traslado aún se encuentra en una fase preliminar de estudio de viabilidad", ha respondido Antxustegi.

Si bien existe un compromiso de colaboración técnica y social, la diputada ha aclarado que la Diputación no financia infraestructuras ni obras en locales de terceros, condicionando cualquier apoyo futuro a la presentación formal del proyecto.