Archivo - Cartel de entrada en Zona de Bajas Emisiones de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El 58% de la población del País Vasco, un total de 1,3 millones de personas, estuvieron expuestas en 2024 a una contaminación que excede los nuevos límites recientemente aprobados para 2030 por la Unión Europea, según el informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción.
El informe advierte, asimismo, que, teniendo en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus directrices de 2021, "mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos", y el objetivo a largo plazo para proteger la vegetación de la Unión Europea, "el aire contaminado afectó en 2024 a la totalidad de la población y a la mitad del territorio vasco, en el litoral y el interior".
Según ha explicado la organización ecologista, en el segundo año más cálido desde 1961, se produjeron diversos episodios de contaminación por partículas y por ozono. Las peores situaciones por estos contaminantes, ha precisado, se dieron en el Alto Ibaizabal - Alto Deba y el Valle del Ebro. Además, ha advertido de que en las zonas del Bajo Nervión y Donostialdea "se incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno".
El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 790 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 57 situadas en el País Vasco.
Entre sus principales conclusiones, se encuentran que durante 2024 la calidad del aire en el País Vasco ha mejorado respecto a 2023 y los años anteriores a la pandemia de covid-19, con "una reducción de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico", en porcentajes que oscilan entre el 15% y el 89% respecto a los promedios del periodo 2012-2019.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva europea 2024/2881, de 23 de octubre de 2024, que, según ha remarcado, "deberán alcanzarse antes de 2030".
Teniendo en cuenta esos umbrales, ha explicado, el aire contaminado afectó en 2024 a más de la mitad de la población vasca, lo que "expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones para alinearse con la nueva legislación".
Según refleja el estudio, el "factor esencial" para explicar la caída de la contaminación atmosférica durante 2024 es la evolución del sistema energético. "Aunque la combustión de petróleo recuperó el año pasado los niveles previos a la pandemia, se redujo el consumo de gas y las fuentes renovables cubrieron el 57% de la demanda eléctrica, limitando las emisiones de las centrales térmicas, desmanteladas la mayoría de las de carbón, las más contaminantes", ha indicado la organización ecologista.
No obstante, ha advertido de que "las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la mayoría de la población vasca".
En concreto, el informe señala que "las partículas 5 presentaron la peor situación en Alto Ibaizabal - Alto Deba" y en las áreas urbanas de Bilbao y San Sebastián (zonas del Bajo Nervión y Donostialdea) se incumplió "el nuevo límite legal anual para 2030 del dióxido de nitrógeno". El ozono afectó a las áreas suburbanas y rurales del litoral, las cuencas interiores y el Valle del Ebro.
Desde Ecologistas en Acción han reivindicado que la contaminación del aire debería abordarse "como un problema sanitario de primer orden". En este sentido, han alertado de que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 fallecieron 30.000 personas en el Estado por la mala calidad del aire, 1.270 de ellas en el País Vasco, y ha subrayado que "los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan según el Banco Mundial 50.000 millones de dólares al año, un 3,5% del PIB español".
FOCOS INDUSTRIALES E INCINERACIÓN
Ekologistak Martxan ha realizado en 2024 y 2025 tres campañas de medición en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de las localidades de Barakaldo, Basauri, Bilbao, San Sebastián, Etxebarri y Galdakao, que concluyen que "la población infantil está expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales".
Estos datos, ha señalado, "cuestionan la correcta ubicación" de las estaciones, que se suma a "alguna supresión" y a la "amabilización y reverdecimiento" de los entornos de otras, que afecta a "la fiabilidad y seguimiento histórico" de los datos.
Desde la organización ecologista han señalado que, "siendo el foco del tráfico especialmente relevante, no lo son menos los impactos de los focos industriales, de incineración y portuarios" próximos o localizados en los núcleos urbanos de Basauri, Bilbao, san Sebastián, Durango, Erandio, Getxo, Muskiz, Pasajes o Santurtzi.
Asimismo, han recordado que los planes de mejora de la calidad del aire "son obligatorios según la legislación vigente", pero comunidades como Euskadi "siguen incumpliendo su obligación de elaborarlos para rebajar el ozono en las zonas donde se exceden los objetivos legales".
Por otro lado, han denunciado que, "vencido hace dos años y medio el plazo para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones", Barakaldo, Getxo e Irún "no han cumplido siquiera formalmente esta obligación".
Además, consideran "ineficaces" las implantadas en Bilbao y San Sebastián, así como también "previsiblemente lo será" la de Vitoria por "su mínimo tamaño y laxo acceso".
Asimismo, han indicado que los ayuntamientos de estas ciudades tampoco se han dotado de protocolos de actuación, salvo la capital alavesa, frente a "los episodios de mala calidad del aire".
Ecologistas en Acción ve "un gran avance" la aprobación de la nueva Directiva europea de Calidad del Aire y confía en que "obligue a gobierno y comunidades autónomas a aplicar sin prórrogas medidas eficaces para cumplir en 2030 los nuevos límites legales, en el marco de los preceptivos planes de calidad del aire, así como para mejorar la medición y la información", para lo que la organización pide al Gobierno "una rápida trasposición".