Euskadi es la única comunidad que ha reducido su tasa de precariedad durante la crisis, con 34.600 personas menos

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha sido la única comunidad que ha reducido su tasa de precariedad desde 2007 a 2012, en concreto, en algo más de 34.600 personas, debido, sobre todo, a su mayor renta per cápita y a un menor número de desempleados en comparación con la media nacional, según se desprende del informe 'Adiós a las clases medias', elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) y que ha sido presentado este viernes hoy en su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en País Vasco -que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos- se sitúa en el 24,1 por ciento de la población, por lo que en la actualidad afecta a un total de 526.773 de personas.

De esta forma, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas de los hogares mileuristas en País Vasco se concentran, sobre todo, entre los asalariados que suman 397.765, seguidos por los adultos sin ingresos (70.034) y los autónomos (58.974). Por Territorios, Bizkaia es la que menos precariedad presenta (21,8%), seguida de Álava (26,4%) y Gipuzkoa (26,7%). PRECARIEDAD POR COMUNIDADES

El estudio subraya que la "elevada" tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia. De este modo, con el 53 y el 51 por ciento respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor proporción de adultos mileuristas y sin ingresos, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2 y el 24,1 por ciento, respectivamente.

El estudio señala que en España, a finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40 por ciento de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 personas menos.

Desde entonces, según han señalado, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos "no han dejado de caer", mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las SICAV, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1 por ciento.

Gestha ha indicado que esta cantidad es solo "la punta del iceberg" que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de dimensiones "gigantescas" en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación y las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al fisco.

Asimismo, ha apuntado que los contribuyentes más pudientes también han evitado tributar el grueso de su patrimonio en el IRPF, declarándolo como ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la reforma de diciembre de 2011 era del 21 por ciento, aunque el nuevo tipo máximo para estas rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados por su trabajo, que va desde el 24,75 hasta el 52 por ciento.

En todo caso, Gestha valora la mayor tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las plusvalías generadas en menos de un año, una medida que pretende reducir la especulación y el fraude, "como un primer paso hacia la mejora de la progresividad del IRPF".

Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han sumado, en su opinión, los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que engloban al 85 por ciento de los trabajadores.

Con el objetivo de contrarrestar esta situación de precariedad, Gestha propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales -de los que más de 3.500 millones se recaudarían en el País Vasco- y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7 por ciento de la evasión fiscal.

Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.

Además, entre las propuestas para aumentar la recaudación y reducir la desigualdad entre rentas, Gestha también defiende la aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal, con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013.

En este sentido, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha señalado que la puesta en marcha de un Impuesto sobre la Riqueza de carácter estatal "tendría un mayor efecto sobre la recaudación y serviría para evitar la aplicación de nuevos recortes, con los que sólo se añade más presión sobre la economía de las clases medias y trabajadoras".

Además, defiende que para que estas mediadas sean "efectivas" deberían ir acompañadas de una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias a los 8.000 técnicos de Hacienda, y posteriormente dotándoles de más efectivos en la lucha contra el fraude. Actualmente la Agencia Estatal Tributaria cuenta con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, la mitad que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en uno por cada 903 contribuyentes.

Gestha ha añadido que una prueba de la "ineficacia" de la Agencia Estatal Tributaria está en que buena parte de las 2,9 millones personas adultas sin ingresos sobreviven con trabajos dentro de la economía sumergida, y esa cifra "no para de aumentar, alentada por el aumento del paro y de la impunidad en que se mueven las empresas del país".