Gobierno Vasco apela al consenso de todos los partidos para defender el marco jurídico del euskera

Bengoetxea critica la "grave" decisión del TSJPV de cuestionar la constitucionalidad de un modelo "avalado" por el propio TC

Bengoetxea y Ubarretxena
Bengoetxea y Ubarretxena - GAIZKA UCEDA-IREKIA
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 17:03

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera, Begoña Bengoetxea, ha apelado al consenso de todos los grupos del Parlamento Vasco para defender el marco jurídico construido en los últimos 40 años en torno a la normalización del uso del euskera, frente a la "grave" decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de "cuestionar" la constitucionalidad del sistema, pese a que este modelo --según ha dicho-- cuenta con el "aval" del propio Tribunal Constitucional.

Bengoetxea, junto a la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la reunión semanal del Consejo de Gobierno para realizar un repaso del recorrido del procedimiento judicial iniciado a raíz de los recursos presentados por PP y Vox contra el decreto 19/2024 sobre el uso del euskera en el sector público, un proceso que --según ha denunciado-- evidencia "una vez más la judicialización y instrumentalización del euskera".

Ubarretxena ha recordado que el TSJPV ha iniciado el procedimiento para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley vasca de empleo público. El Tribunal Superior Vasco pretende consultar al Tribunal Constitucional sobre el artículo 187.5 de la Ley de empleo público, que obliga a asignar un perfil lingüístico a todos los puestos de trabajo del sector público.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que la sala del TSJPV que lleva este asunto "argumenta que ese precepto es la base jurídica del decreto recurrido" por PP y Vox, por lo que "debe aclararse su constitucionalidad antes de dictar cualquier sentencia".

"NO ES NUEVO"

El Gobierno Vasco --ha añadido Ubarretxena-- "no comparte" este planteamiento, tal y como ya señaló en las alegaciones que presentó el pasado 2 de diciembre, puesto que "no hay motivo" para elevar cuestión alguna al Constitucional. Esto --ha precisado-- se debe a que ese contenido "no es nuevo", dado que ya está recogido tanto en la Ley de normalización del uso de la euskera de 1982, como en la Ley de función pública de 1989.

Ubarretxena ha recordado que ambas leyes "han sido avaladas por el Tribunal Constitucional. Además, ha señalado que el siguiente artículo al recurrido, el 185.6, "desarrolla y explica qué es un perfil lingüístico, para qué y cómo se utiliza", y también habla sobre "un concepto clave": la preceptividad.

"Hablamos de normas que ya fueron revisadas y avaladas", ha indicado Ubarretxena, que ha criticado que se pretenda actuar contra "un marco jurídico consolidado durante más de 40 años". "Nos parece peligroso que una cuestión que ha sido avalada y que lleva en funcionamiento con un amplio consenso social durante 40 años se ponga ahora en solfa", ha denunciado.

La portavoz ha calificado de "llamativa" la forma en la que se está desarrollando este procedimiento judicial. Los motivos de esta opinión del Ejecutivo radican en que durante el proceso se haya producido una "modificación" de la sala que inicialmente llevaba el asunto; que se hayan aunado dos recursos --el de PP y el de Vox-- "que nada tienen que ver"; y que el TSJPV haya decidido "motu propio" elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.

Por su parte, la vicelehendakari primera ha coincidido en que los aspectos cuya constitucionalidad ahora se pone en cuestión "han sido aplicados a lo largo de muchos años en la selección y provisión de los puestos de la Administración, ajustándose siempre a la legalidad vigente".

Bengoetxea ha lamentado que la decisión del TSJPV "cuestiona el propio marco legal que sostiene la normalización de la euskera en la Administración pública vasca", algo que ha calificado de "muy grave" porque "supone cuestionar todo el sistema de euskaldunización del sector público vasco".

Además, ha subrayado la importancia de aclarar el alcance y significado de los conceptos 'perfil lingüístico' y el 'preceptividad', que es la fecha a partir de la cual el cumplimiento de ese perfil lingüístico "se convierte en requisito del puesto de trabajo".

NO "TODOS" LOS PUESTOS EXIGEN EUSKERA

La consejera de Política Lingüística ha explicado que en los casos en los que esa fecha de preceptividad no haya vencido o en los que ese perfil del puesto no tenga fecha, el conocimiento de lengua a la que se refiere esa preceptividad se valora "como mérito", en una decisión que se adopta "con criterios de funcionalidad y proporcionalidad".

"Que todos los puestos tengan perfil no significa que en todos se exija euskera; y clasificar un puesto con un perfil no es lo mismo que exigir ese perfil", ha añadido, para indicar a continuación que "hay un número de puestos en la Administración pública vasca que tienen asignado perfil pero no tienen fecha de preceptividad", por lo que en todos ellos el conocimiento de euskera "no es obligatorio".

Bengoetxea ha indicado que la sala del TSJPV que ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo "parece interpretar ambos conceptos conjuntamente, interpretando de esta manera que clasificar; es decir, asignar un perfil, equivale a imponer una obligación general". "Ahí está el salto y esto no es así. Nuestro sistema separa ambos planos para garantizar un avance gradual equilibrado y adaptado a cada servicio", ha precisado.

La vicelehendakari ha añadido que según los últimos datos disponibles, en la Administración general de Euskadi hay un 26,5% de plazas que no tienen fecha de preceptividad, cifra que en Osakidetza es de un 37,22%, en la Ertzaintza de un 46,4%, y en la Administración de Justicia de un 67,1%.

"Esa es la verdadera lectura del artículo 187.6: el hecho de que pese a que todas las plazas tengan un perfil, que se supone que es la capacitación ideal para ejercer ese puesto de trabajo, la obligación y la exigencia de disponer de esa capacitación para acceder y ejercer ese puesto de trabajo la marca la fecha de preceptividad", ha manifestado.

Bengoetxea ha denunciado que la decisión del TSJPV es "grave", puesto que "pone en cuestión ese pilar básico de la normalización lingüística, que lleva más de 40 años funcionando con amplio consenso social, político e institucional".

Ante esta situación, ha apelado al "consenso" de los partidos políticos vascos para llegar a acuerdos en torno a las iniciativas que, por separado, han presentado el PNV y EH Bildu, y que están vinculadas a la modificación de la Ley de empleo público, con el fin de dotar a los requerimientos lingüísticos de los procesos selectivos de seguridad jurídica.

La vicelehendakari primera ha pedido a los partidos "que se esfuercen al máximo para llegar al más amplio consenso posible para blindar más aún si cabe el marco legal, para que no se den este tipo de cuestionamientos que generan inseguridad en las actuaciones de las administraciones públicas".

EL PAPEL DEL PSE

"Apelo a todos los partidos del arco parlamentario a que tomen decisiones que sean en beneficio de la ciudadanía vasca. Defender el marco del que nos hemos dotado en los últimos 40 años es defender a la ciudadanía vasca", ha añadido.

En este sentido, Ubarretxena ha afirmado que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco pero que mantiene diferencias con los 'jeltzales' en esta materia, conocía de antemano el contenido de su comparecencia y el de Bengoetxea. Además, ha indicado que este tema será tratado este martes en el Consejo de Gobierno.

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