El Gobierno vasco asegura que el Plan de Seguridad Laboral se ha debatido durante cinco meses con los agentes sociales

VITORIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Juan José Loroño, aseguró hoy que el Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral 2007-2010 ha sido debatido con los agentes sociales durante cinco meses, por lo que denunció que "quien dice que no ha habido oportunidad de debatirlo, no dice la verdad".

En declaraciones a Europa Press, Loroño se refirió a la reunión del Consejo de Osalan celebrada ayer, en la que no pudo aprobarse el Plan de Gestión de Osalan para 2007, y desmintió las declaraciones de la responsable de Salud Laboral de UGT-Euskadi, Pilar Collantes, quien afirmó que el programa no salió adelante al producirse "un empate técnico" en la votación.

El viceconsejero aseguró hubo ocho votos a favor (de los representantes del Gobierno y de las cooperativas) y siete en contra de los agentes sociales, "pero con el voto particular de Confebask", que, según dijo, estuvo motivado porque, a pesar de su intención de votar a favor, al final lo hizo en contra porque su intención era haber aplazado este punto del orden del día. "Así y todo el plan salió con ocho votos a favor y siete en contra".

A pesar de ello, y ante la diferencia "tan escasa de votos", Loroño explicó que adoptó el compromiso personal de volver a someterlo a consideración una vez se haya debatido el Plan Director 2007-2010.

El viceconsejero también desmintió las informaciones que apuntaban a que la memoria 2006 tampoco pudo salir adelante en el Consejo de Osalan. Según indicó, este documento fue aprobado con los votos del Gobierno, de los representantes de las cooperativas y Confebask, y la abstención de UGT, mientras que los únicos votos en contra fueron los de ELA, LAB y CC.OO.

Por otra parte, lamentó que también "se ha dicho que no ha habido oportunidad de debatir el Plan director", y afirmó que "el que dice eso no dice la verdad".

Según explicó, este documento ha sido debatido con los agentes sociales durante cinco meses, desde noviembre del año pasado hasta marzo.