Pide que sea derogada y avisa de que su defensa de los Derechos Humanos "no admite quiebras de nadie, tampoco del Estado"
VITORIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco insistió hoy en la necesidad de derogar la Ley de Partidos, de la que afirmó que ha traído "nefastas consecuencias" como la anulación de listas de ASB y ANV, al considerar que "no ha agotado todo su potencial", como así lo demuestra la aplicación de "la doctrina de la infiltración y la contaminación", que "pone en el punto de mira" a organizaciones no ilegalizadas por "la simple doctrina de la sospecha". Además, avisó de que su defensa de los Derechos Humanos "no admite quiebras de nadie, tampoco del Estado".
A través de una declaración institucional leída por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, el tripartito mostró su preocupación por la anulación de listas de ASB y ANV por parte del Tribunal Supremo y consideró que si bien "puede llegar a comprenderse que la bajeza moral de quien no condena la actividad terrorista genere hastío y hartazgo", ésta "nunca puede suponer que se obvie la responsabilidad individual para adscribir a colectivos sociales enteros a una situación de privación de derechos sin garantías suficientes".
Entre las consecuencias de esta normativa, destacó "la criminalización del diálogo y el envenenamiento del clima político, por dar la facultad al Poder Judicial de actuar en el terreno de la disputa política, que debería estar preservado".
Ante esta situación, el Ejecutivo destacó que su defensa de los Derechos Humanos "no admite quiebras de nadie, tampoco del Estado". "Los ámbitos de libertad no son negociables, ni pueden estar al albur de interpretaciones coyunturales", añadió.
El Gobierno advirtió de que "nadie sabe dónde están los límites ciertos y previsibles" de esta normativa, ya que "la ley dejó aspectos esenciales huérfanos de regulación", los cuales "se van rellenando sentencia a sentencia".
El gabinete de Juan José Ibarretxe lamentó que tras el primer paso que supuso la declaración de ilegalidad de un partido por sus vinculaciones con organizaciones terroristas, ahora se ha pasado a "la doctrina de la infiltración y la contaminación". En opinión del Ejecutivo, esto supone "un segundo asalto a organizaciones no ilegalizadas que, si saberlo, son instrumentos del terrorismo".
"La simple doctrina de la sospecha les contamina, les pone en el punto de mira, les convierte en 'presuntos culpables, privándoles de la presunción de inocencia". Azkarraga indicó que esta doctrina "está todavía construyéndose a sí misma, al apoyarse en una jurisprudencia que complementa a la ley en aspectos esenciales y forzándola de tal forma, que puede afirmarse que la seguridad jurídica y la división de poderes han sido materialmente pulverizadas".
En esta línea, denunció que la normativa "todavía no ha agotado todo su potencial", lo que, en su opinión, "quizá sea lo más preocupante".
El Ejecutivo subrayó que "no siendo una ley penal, la Ley de Partidos impone en la práctica penas a ciudadanos individuales". Además, señaló que "no ofrece un procedimiento con las garantías y la plenitud de un derecho de defensa suficiente para aplicar castigos penales y, sin embargo, se usa dicho procedimiento sumarísimo y de la máxima celeridad para hacerlo".
DERECHOS "CERCENADOS"
Azkarraga también censuró que la norma "impide de hecho ejercer los derechos fundamentales de miles de ciudadanos vascos, a los que se cercena el derecho al sufragio activo y pasivo y, en consecuencia, el derecho de participación y de asociación política", algo que hace que "se resienta la libertad de expresión y la libertad ideológica".
"¿Qué democracia se puede permitir el lujo de que se arroje un haz de sombra sobre la igualdad (art. 14 CE) de toda la ciudadanía en el disfrute de los derechos fundamentales?", se preguntó el consejero.
El tripartito consideró que la impugnación de candidaturas y listas electorales realizada por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado "ha puesto sobre la mesa las nefastas consecuencias de la Ley de Partidos Políticos, como era previsible". En su opinión, los efectos de la ley "repercuten gravemente en el normal desenvolvimiento del proceso electoral".
"Queda en entredicho el pluralismo político, en la medida en que se priva de voz y presencia en las urnas, a todo un cuerpo social que está, al parecer, irremisiblemente contaminado", continuó Azkarraga en su lectura de la declaración institucional.
"ARBITRARIEDAD JURIDICA"
El texto recuerda que el Gobierno vasco "ya alertó en su día de los efectos negativos de la Ley de Partidos, por su diseño como 'ley ad hoc' y excesivamente ambigua". "Concebida e impulsada como un novedoso instrumento antiterrorista que debía cubrir un espacio donde la legislación penal no podía llegar, se ha confirmado como una ley punitiva particular, es decir, para un caso concreto. Es una contradicción henchida de arbitrariedad e injusticia", reprobó el consejero.
El gabinete de Ibarretxe también criticó la "ambigüedad" de los criterios de ilegalización, lo que "abre una nueva vía de penalización para aquellas conductas que no eran ni son fáciles de probar e individualizar en sede penal de cualquier democracia".
Por ese motivo, consideró que se trata de "un instrumento excepcional con contenido materialmente punitivo, que restringe derechos fundamentales y recorta libertades". "Es la instauración de un fraude a las garantías del Estado de Derecho", continuó, para añadir luego que la norma "condensa un conjunto de criterios de enorme generalidad que elevan la mera 'simpatía política' a categoría jurídica general sobre la que establecer una relación de causa-efecto con organizaciones terroristas con consecuencias materialmente punitivas".
Además, señaló que la "mayoría" de la sociedad vasca "quedó al margen del consenso legitimador" de la norma, a pesar de que ésta "despliega sus efectos sólo en Euskadi".
Por ese motivo, estimó que "parece que la ley cumple así con la función de ejercer una suerte de tutela de la sociedad vasca, como si fuera menor de edad y estuviera en parte contaminada".
Por otra parte, y en referencia a PSOE y PP, consideró que "el hecho de que los partidos que impulsaron y aprobaron la ley mantengan interpretaciones radicalmente diferentes de hasta dónde debe llegar su aplicación, demuestra claramente el trasfondo político y el interés partidista en su aplicación".
En esta línea, indicó que "la necesaria concreción de los presupuestos y consecuencias de leyes restrictivas de derechos son parte de ese núcleo esencial en que los derechos fundamentales nos deben proteger a todos de la arbitrariedad y posible abuso de poder del Estado".
Por todo ello, instó a las Cortes Generales a hacer "una profunda reflexión sobre la necesidad de derogar la Ley de Partidos o, al menos, de abordar su reforma radical". "La lucha contra la violencia no puede tener atajos que desborden peligrosamente el respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas de todas las personas, sin distinciones y sin excepciones", concluyó.
