VITORIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco responderá a los ciudadanos que le reclamen información en un plazo máximo de veinte días, una medida con la que pretende avanzar en la "transparencia", según ha destacado el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka. Este, además, ha rechazado que --como denuncia el PSE-EE-- el Ejecutivo "obstaculice" el control de la oposición sobre los contratos públicos.
El Gobierno autonómico ha aprobado este martes un documento sobre las medidas de funcionamiento en materia de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.
El texto establece que el Gobierno responderá en un plazo máximo de 20 días hábiles a las solicitudes de información de la ciudadanía, lo que supone el mismo plazo establecido para contestar a los grupos parlamentarios.
No obstante, se establece la posibilidad de ampliar el tiempo de respuesta en otros 20 días hábiles, siempre y cuando esté justificado por el volumen o la complejidad de la solicitud presentada, tal y como ha explicado Erkoreka en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado este documento.
En el caso de la que la solicitud de información esté incompleta, se paralizará el plazo y se abrirá un nuevo tiempo de 10 días hábiles para que la persona solicitante responda. Si no lo hace, se considerará que ha desistido en su solicitud.
También se suspenderá el plazo para dictar resolución, otros 15 días hábiles, si resultara necesario conceder audiencia a terceros cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados.
IDENTIFICACIÓN
Los ciudadanos que deseen solicitar información a la Administración Pública vasca deberán identificarse, pero no será necesario que motiven su solicitud. El servicio de atención ciudadana del Gobierno vasco, Zuzenean, se encargará de recibir y clasificar las solicitudes de información que la ciudadanía podrá realizar por vía electrónica, por correo ordinario o de manera presencial en las oficinas de Vitoria, San Sebastián o Bilbao.
Cuando la información solicitada no se encuentre en poder o no haya sido elaborada por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi o su sector público, la petición no será admitida, pero si la administración competente fuera identificable, se indicará así a la persona solicitante para que pueda reorientar su solicitud.
RECURSO
Mientras no esté operativa la Agencia Vasca de Transparencia-Gardena (organismo autónomo de nueva creación previsto en el Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca), las resoluciones podrán ser recurridas ante el órgano que las dictó.
A través de este procedimiento, el Gobierno autonómico se anticipa y va más allá de los requisitos que exige la Ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha establecido una moratoria de un año (hasta finales de 2015) para que las comunidades autónomas, diputaciones forales y ayuntamientos puedan adaptarse y responder en 30 días (ampliables en otros 30 días más en los casos justificados o complejos) a las solicitudes de información ciudadana.
RESPUESTA AL PSE
Erkoreka ha destacado que, a través de esta medida, el Ejecutivo da un paso más en su compromiso con la transparencia. En este sentido, ha rechazado las críticas del PSE a los "obstáculos" del Ejecutivo a la hora de remitir información al Parlamento sobre los contratos menores, aquellos sobre los que existe un menor control y en los que --tal y como han recordado los socialistas-- se producen un mayor número de "irregularidades".
El portavoz del Gobierno vasco ha reconocido que el área de Función Pública ya no elabora un informe trimestral sobre las peticiones de los distintos departamentos para efectuar contratos menores.
Según ha explicado, esto se debe a que esta sección ya no dispone de esa información, puesto que ahora cada departamento --siempre que se produzcan las condiciones que lo permitan-- tiene la potestad de decidir sobre la externalización de un determinado servicio, sin necesidad de pedir el visto bueno de Función Pública.
"EFICACIA"
Esto, tal y como ha destacado, mejora la "eficacia" de la Administración, al reducir los trámites y plazos necesarios para cerrar pequeños contratos. Sin embargo, ha asegurado que este cambio en ningún caso "afecta" a la transparencia.
Erkoreka ha recordado que los grupos siguen recibiendo toda la información sobre contratos menores que solicitan al Gobierno, y que la periodicidad con la que se remite esta documentación depende de la forma en la que la pidan las distintas formaciones políticas.
De hecho, ha asegurado que ya se ha enviado a la Cámara la información de todos los contratos menores de 2013 y que, próximamente, estará a disposición de los parlamentarios la documentación sobre todos los expedientes de 2014.