El Parlamento respalda la decisión del Gobierno vasco de suprimir los pisos de los altos cargos judiciales y fiscales

Actualizado: viernes, 4 mayo 2007 13:50

Rubalkaba (PNV) aboga porque "se le quite del cargo" al presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, porque "beneficiaría" a la Justicia

VITORIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento vasco respaldó hoy la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de septiembre de 2006 de suspender la cesión a jueces y fiscales del TSJPV de los pisos propiedad del Gobierno vasco. La iniciativa contó con el apoyo de todos los partidos, excepto el PP que se opuso y el PSE-EE que se abstuvo.

Asimismo, mostró su apoyo al proceso gradual de ejecución de dicho acuerdo a medida que vaya finalizando el actual mandato en el cargo de las personas que, a la fecha del acuerdo, eran beneficiarias del uso de dichas viviendas.

La moción, registrada por EA y que obtuvo los votos a favor del tripartito (PNV, EA Y EB), EHAK y Aralar, los votos en contra del PP y la abstención del PSE, insta también al Gobierno vasco a que "las viviendas que vayan quedando libres se dediquen a otras necesidades de la Administración de Justicia u otras necesidades sociales o institucionales", y "únicamente en el caso de que no pudieran asignarse a dichos objetivos se proceda a su enajenación".

Por último, se acordó trasladar la presente moción a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y de las audiencias provinciales, y a los fiscales jefes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y de las audiencias provinciales".

En la defensa de la iniciativa, el representante del PNV, José Antonio Rubalkaba, negó que este acuerdo se haya adoptado "por venganza" contra el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, por el encausamiento del lehendakari, ya que él no se vería afectado por esta medida porque no se procedería a la ejecución de esta decisión hasta que no concluya su mandato.

No obstante, expresó su deseo porque "se le quite del cargo" porque "sería un beneficio para la justicia", antes de asegurar que quienes han montado el lío han sido los jueces, no el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. "Ellos son los que han actuado de mala manera", añadió, antes de manifestar que "aquí no hay vacas sagradas" y que "todas las personas deben pasar por los tribunales si se les requiere".

Sin embargo, añadió que "no es causa de procesamiento que se enjuicie a Juan José Ibarretxe por hablar" y dijo que esta decisión ha sido adoptada por tres jueces, dos de los cuales "han sido asignados a dedo por el PP" por lo que "hacen lo que ustedes les dicen". Por ello, recordó que "nunca se ha procesado a otros presidentes" y criticó a los 'populares' porque para ellos "el diálogo es una mala asignatura". "Ustedes sólo aplican el palo", indicó.

El portavoz del PSE, Jesús Loza, consideró que esta decisión "entra dentro de las competencias del Gobierno vasco"y "es legal", aunque también parece "una cuestión de confianza encubierta" y una moción "de aplauso o explicación" porque el Gobierno vasco "tiene poca confianza en las decisiones que aprueba".

Tras mostrar su acuerdo con la decisión de suprimir los pisos, con la política de utilización de los recursos públicos y con que no se haga de forma inmediata, recordó que los jueces y los fiscales hacen un trabajo difícil y en el que corren riesgo físico, e instó al Ejecutivo autonómico a ser "cuidadoso" con estos altos cargos, a los que se debería haber informado previamente sobre esta medida.

En este sentido, Loza criticó la "falta de mesura" de Azkarraga por distintas actitudes, como enviar observadores a la Audiencia Nacional, pedir el cierre de este organismo, pedir la suspensión cautelar del juez Garzón o decir que el encausamiento de Ibarretxe "no saldrá gratis", y aseguró que se trata de "una falta de respeto", por lo que anunció su abstención. Por último, recordó que el Reglamento dice que cuando se pierde una moción de confianza obliga a la dimisión del consejero. "No nos anime", señaló.

Desde el PP, Antón Damborenea, defendió al Gobierno vasco de 1988, que estipuló la dotación de viviendas para los altos cargos, y recordó que la portavoz del Ejecutivo autonómico, Miren Azkarate, manifestó que el encausamiento "no saldría gratis", y que justo después se anunció la retirada de los pisos.

Asimismo, criticó que esta decisión no se hubiese comunicado al Parlamento como el resto de acuerdos del Consejo de Gobierno de septiembre, y que ahora se diga que es "un privilegio". Además, indicó que al PP le parece normal que Ibarretxe tenga vivienda, y anunció su voto en contra de la moción, antes de considerar que este acuerdo se tomo por una "rabieta" del Gobierno vasco.

La representante de EHAK, Nekane Erauskin, anunció su voto a favor de esta iniciativa porque, en su opinión, ni los jueces ni los fiscales tienen que tener beneficios por el cargo que ocupan.

El parlamentario de EA Juan Porres defendió la moción manifestando que "se trata de un privilegio" al que en otras comunidades se puso fin hace tiempo y lamentó que causase confrontación entre el Gobierno vasco y el poder judicial. Tras apostar por "restaurar la legalidad" criticó a las personas y a los órganos que pusieron en duda esta decisión y que dijeron que "estaba al margen de la legalidad".

Porres abogó por "restablecer el principio de igualdad de todos ante la ley" y dijo que "no hay justificación de que disfruten de una vivienda por el hecho de ocupar un cargo determinado", y agregó que el problema "no fue la decisión sino la reacción de algunos órganos de gobierno del poder judicial".

En este sentido, aseguró que el acuerdo "fue legal, fue regular, entraba dentro de las competencias del Gobierno vasco, no fue una desviación de poder" y añadió que "no hubo venganza, sólo una reacción desmedida de algunos", antes de concluir reiterando que fue una medida "adecuada a derecho". Por último, apuntó que si esta decisión no se hubiese adoptado, la futura Ley del Patrimonio les hubiera obligado a dejar el piso antes de cuatro años.

Desde EB, Kontxi Bilbao rechazó "los privilegios y las prebendas" y dijo que "no hay un sólo precepto legal que justifique que un juez tenga una vivienda", y añadió que "no es normal el estrépito que se provocó", porque además no afecta a los cargos actuales. Asimismo, agregó que las acusaciones de desviación de poder "carecen de rigor" y son "lamentables", y dijo que los que han criticado la decisión "no han asumido que su cargo no tiene beneficios". Por último, lamentó la "falta de prudencia" de algunos cargos y aseguró que el acuerdo es "una decisión digna de aplauso".