Los jeltzales defienden una Justicia "propia", pero con cierta dependencia del Supremo, y EH Bildu rechaza ese "sometimiento"
VITORIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PNV y EH Bildu han mostrado este miércoles sus primeras discrepancias releventes a la hora de afrontar la reforma del estatuto político de Euskadi, en el que los jeltzales proponen crear una Justicia "propia" para el País Vasco, aunque manteniendo la capacidad de unificación de doctrina sobre ciertas materias en el Tribunal Supremo, mientras que la coalición soberanista rechaza ese "sometimiento" al sistema judicial español.
Pese a las diferencias en torno a este asunto, ambas formaciones han seguido adelante con sus acuerdos en el ámbito de la ponencia del Parlamento autonómico que debate sobre la posible actualización del autogobierno de Euskadi, que en esta ocasión se han centrado en el reparto de poderes y en el régimen económico y financiero que podría contemplar un eventual nuevo estatuto vasco.
El PNV y EH Bildu ya habían acordado en las últimas semanas las bases para el preámbulo, el título preliminar y el apartado sobre competencias que podría incluir un futuro texto sobre el estatus político de Euskadi.
No obstante, el acuerdo alcanzado en la reunión de la ponencia de este miércoles entre ambas formaciones ha incluido una salvedad en lo que se refiere a la delimitación de las capacidades que tendría el Poder Judicial vasco.
Al igual que en los anteriores bloques temáticos abordados en la ponencia, Elkarrekin Podemos, el PSE-EE y el PP no han apoyado los textos sobre los poderes y el régimen económico y financiero que se podrían contemplar en el futuro estatuto.
CONSEJO JUDICIAL VASCO
En el documento de bases sobre los poderes (judicial, legislativo y ejecutivo) aprobado este miércoles en la ponencia, se establece que el nuevo estatus al que acceda Euskadi reconocerá al 'Consejo Judicial Vasco' como el órgano de gobierno del Poder Judicial en el ámbito del País Vasco, en el que se establecerá "un modelo de organización y planta judicial propios que culminará en un Tribunal Superior de Justicia Vasco".
Además, se prevé que Euskadi tenga la capacidad de organizar su Administración de Justicia, "como parte imprescindible de su potestad de autoorganización, ejerciendo en su territorio todas las facultades ejecutivas y de carácter orgánico correspondientes a la Administración de Justicia".
El texto precisa que el "alcance" de dicha potestad incluiría la organización de la Justicia "en sus diversas instancias" y en todas las jurisdicciones, "conforme a la Constitución y a los términos establecidos en el Concierto Político". Las instituciones vascas también tendrían la capacidad de designar magistrados y jueces, y de "organizar" el Ministerio Fiscal.
En el documento aprobado por la ponencia se señala que el Tribunal Superior de Justicia Vasco "tendrá jurisdicción propia y facultades disciplinarias en todas las materias cuya legislación exclusiva corresponda" a Euskadi, por lo que se encargaría de cuestiones como los recursos de casación y revisión. También se encargaría de las cuestiones de competencia y jurisdicción entre las autoridades judiciales.
UNIFICACIÓN DE DOCTRINA
No obstante, se precisa que "el Tribunal Supremo tendrá la capacidad de unificación de doctrina en relación a la legislación dictada por el Estado y de aplicación" en el País Vasco, "de conformidad con lo pactado en el Concierto Político y la relación bilateral concertada".
Es en este punto en el que EH Bildu ha expresado su discrepancia respecto a lo aprobado, unas diferencias que se han plasmado a través de un voto particular. En esta objeción planteada por la coalición, se señala que el sistema judicial de Euskadi tendrá su "culminación" en el Tribunal Superior de Justicia Vasco.
En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión de la ponencia, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha explicado que su grupo defiende un poder judicial "propio", que "no puede estar sometido al Tribunal Supremo". Iriarte ha afirmado que todos los procedimientos judiciales deben "concluir aquí", sin estar "sometidos a Madrid".
El documento sobre los poderes a los que accedería Euskadi incluye un apartado de participación, en el que se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en "consultas o referéndums".
La ponencia también ha aprobado un documento de bases sobre un eventual nuevo régimen económico, financiero y tributario. En este caso, el acuerdo entre el PNV y EH Bildu ha sido completo.
En este texto, se contempla un compromiso con la "preservación" del Concierto Económico, así como la apuesta por asumir las competencias en materia de política agraria, industrial, energética y de telecomunicaciones. También se plantea que Euskadi disponga de competencia exclusiva sobre régimen presupuestario, fiscalización y control de gasto público, endeudamiento, avales y garantías.
SEGURIDAD SOCIAL
Por otra parte, se plantea crear un sistema de garantías jurídicas "eficaces", con el fin de asegurar la "bilateralidad efectiva" en las cuestiones que afectan al Concierto Económico. Asimismo, el texto propone un sistema de garantías para que la autonomía financiera vasca "no pueda resultar constreñida" por el Estado.
El PNV y EH Bildu pretenden que el País Vasco tenga participación en el Ecofin (el órgano que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea).
En materia de Seguridad Social, y de una forma similar a lo establecido en el apartado sobre competencias acordado la semana pasada, se establece que Euskadi "contará con facultades exclusivas relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o seguridad social desarrolladas por las instituciones vascas, sin menoscabo de los mecanismos de solidaridad y cooperación con el sistema vigente en el Estado español".
