MÉRIDA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil no intervendrá en el campamento ubicado en la localidad pacense de Santa Marta de los Barros en el que conviven más de 1.000 ciudadanos rumanos mientras que el propietario de los terrenos que ocupa no presente una denuncia y el juez dictamine la correspondiente resolución que obligue al desalojo del asentamiento.
Así lo indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura a Europa Press, que explicaron que antes de que se produzca intervención judicial o policial alguna, una mediadora social tratará de explicar a los integrantes del campamento la situación en la que se encuentran, y les invitará a que abandone el lugar por su propia voluntad.
Las mismas fuentes confirmaron que la situación del campamento fue estudiada el pasado martes en una reunión en la que participaron el ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y los propietarios de los terrenos, en la que se acordó que el desmantelamiento del campamento se hará de forma "gradual".
El siguiente paso, por tanto, sólo se producirá si los acampados deciden continuar en los terrenos sobre los que ahora se asientan. De esta forma, será el propietario de la finca quien deberá presentar una denuncia en los juzgados, un extremo que según las mismas fuentes aún no se ha producido.
A partir de este momento, se abriría un plazo de 72 horas antes de que el juez dictamine una orden de desalojo. En este momento, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se verían obligados a intervenir en el campamento, no para expulsar por la fuerza a los rumanos acampados, que sería "el último recurso", sino para certificar que la orden judicial se aplica "con normalidad".
