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MÉRIDA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP de Extremadura ha mostrado su "satisfacción" por la imputación del alcalde y la primera teniente de alcalde de Valencia del Ventoso, Lorenzo Suárez González y Carmen Márquez, respectivamente, y el marido de esta última, un delito de malversación de caudales públicos, por la presunta utilización de fondos del AEPSA para la construcción de una vivienda de la citada edil y de su marido.
Según ha informado el PP en una nota de prensa, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Zafra ha dictado un auto, con fecha de 17 de octubre, en el que indica que los "hechos" denunciados por el PP "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación".
El Juzgado abre diligencias previas y llama a "declarar a los imputados", entre ellos el alcalde y la edil del PSOE denunciados por el PP por la presunta utilización de fondos públicos del AEPSA para la construcción de una vivienda de la citada edil del PSOE y de su marido.
Asimismo, el auto judicial pide que la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Valencia del Ventoso envíe "certificación de la documentación relativa a la existencia de Proyecto Técnico visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la referida vivienda" indicada por los 'populares', además de la "licencia de obras y su solicitud por el interesado, y del abono del Impuesto de Obras y Construcciones, tal y como "se le exige a todos los vecinos de la localidad".
Sobre esta decisión, el PP de la provincia de Badajoz, manifiesta, "desde el máximo respeto a la presunción de inocencia y la independencia judicial", que está "satisfecho" con este auto, que pone de manifiesto que "no todo vale en política, y que para muchos ya se ha acabado aquello de usar lo público en su propio beneficio sin tener que dar la cara ante los ciudadanos ni asumir sus responsabilidades".
Cabe recordar que el pasado mes de julio el PP denunció públicamente, y ante el Ministerio Fiscal al alcalde de la citada localidad y a la primera teniente de alcalde. En ese momento el asesor jurídico del PP extremeño y denunciante, Antonio Galán, explicó que la denuncia quería poner en conocimiento de la Fiscalía "irregularidades urbanísticas" y "posibles delitos de suma gravedad" en la localidad pacense como "malversación de caudales públicos, prevaricación, un posible tráfico de influencias y además cohecho".
Concretamente la denuncia se realizó por unos hechos que se remontan a 2003, cuando el gobierno local del PP decidió construir un polígono industrial al que para darle acceso se ensancha una vía, cuyos propietarios ceden unos metros al consistorio mediante un acuerdo, que permanece en 2007 ya con el PSOE en el poder, por el que el derrumbe de las paredes para la vía de acceso corre a cargo del consistorio.
Todo ello puesto que los 'populares' entendían que ese acuerdo se hizo de forma distinta e ilegal para la edil Márquez, para "quien se decide que a cambio de los metros se le construye una vivienda", una construcción que se está llevando a cabo con "dinero del AEPSA, un dinero robado al municipio y para un fin privado, que debería haberse destinado a parados y jornaleros".
