La Ley de Protección Civil y de Gestión de Emergencias en Extremadura entrará en vigor en el plazo de seis meses

Voluntarios de Protección Civil.
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Publicado: miércoles, 17 abril 2019 12:41

   MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la Ley de Protección Civil y de Gestión de Emergencias de la comunidad, que entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir de este jueves, día 18.

   El objetivo de dicha norma es garantizar la disponibilidad permanente de un sistema integrado y compatible, apto para proceder tanto en emergencias propias de la protección civil como catástrofes, y en otras menos graves que, sin producir trastorno social y desbordamiento de los servicios esenciales, requieren una atención, administración y gestión coordinada que sea "eficaz y eficiente", por estar en peligro la vida e integridad de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente.

   Por otra parte, esta ley favorece la comunicación, coordinación y compenetración de los servicios adiestrados en el trabajo conjunto y cotidiano para hacer frente a las situaciones catastróficas, y responde a la propia naturaleza de las catástrofes (evitar que una situación de emergencia pueda generar una catástrofe por falta de preparación, previsión, y coordinación), vertebrando el sistema de seguridad y protección pública que demanda la sociedad extremeña en la actualidad.

   En este sentido, en nota de prensa, la Junta incide en que el riesgo que acompaña al ser humano a lo largo de su historia adopta "nuevas formas hoy en día", debido al desarrollo industrial y tecnológico y a las diversas interacciones con el medio ambiente, así como a la evolución poblacional y las modalidades de ocupación del territorio.

   Surgen así nuevas tipologías de riesgo a las que tiene que hacer frente la sociedad, añade el Ejecutivo autonómico, que apunta también que la sociedad de riesgo moderna precisa un sistema "integrado" de protección civil y gestión de emergencias en el cual se defina con "claridad" el papel de cada uno de los agentes implicados y, fundamentalmente, de las Administraciones públicas con competencias en la materia.

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