MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Bibliotecas de Extremadura ha pasado el trámite del debate de totalidad en el parlamento regional, y continuará su periplo legislativo hasta su aprobación definitiva tras el debate de las propuestas de los distintos grupos parlamentarios.
Precisamente la falta de consenso para la definición del texto desde su origen ha sido la principal crítica de los grupos de la oposición, que no obstante no han presentado enmiendas de totalidad, dando así vía libre a la aprobación del texto.
Al respecto, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, encargada de exponer el texto ante el Pleno de la Asamblea, ha invitado a los grupos parlamentarios a plantear sus propias aportaciones a la ley durante su trámite parlamentario.
Flores ha señalado que la nueva ley, que sustituirá a la actual, aprobada en 1997, permitirá desarrollar una "mejor política bibliotecaria" en la región basada en la "cooperación institucional", así como que ayudará a reducir la brecha digital y contribuirá "especialmente" a la lucha contra el reto demográfico con el gobierno regional está "comprometido".
Asimismo, ha dicho que dotará a las bibliotecas públicas de la región con una nueva estructura para poder ofrecer los mejores servicios en "condiciones de igualdad para todos y todas".
Unas bibliotecas que en estos 24 años "han evolucionado mucho, muchísimo", puesto que "no son espacios contenedores de libros, son verdaderas instituciones culturales", que "no trabajan como agentes aislados en su municipios", sino que han entrado "de lleno" en la globalización.
MAPA DE BIBLIOTECAS
La nueva ley contempla la creación del Mapa de Bibliotecas Públicas de Extremadura que "se convierte en el instrumento de información y planificación en el que se recogerán los datos relativos a los servicios, fondos bibliográficos, personal, equipamiento para la evaluación de los recursos y las necesidades de los municipios".
También ha subrayado la puesta en marcha de un directorio que "será el instrumento de información y planificación en el que se recogerán los datos relativos a los servicios, fondos bibliográficos, personal, equipamiento, superficie, horarios para la evaluación de los recursos existentes y las necesidades de los municipios, estableciendo el tipo de servicio en función de su población".
El nuevo texto legislativo establece también, de manera más precisa, la estructura organizativa del Sistema Bibliotecario de Extremadura y de los centros que lo componen. "La Biblioteca de Extremadura es la cabecera funcional y técnica y además están todas las bibliotecas públicas del Estado de gestión autonómica; las bibliotecas públicas de las entidades locales; de los centros universitarios, centros públicos de enseñanza no universitaria y las bibliotecas especializada o centros de documentación dependientes de entidades o instituciones públicas", ha explicado Flores Redondo.
Además, la consejera ha afirmado que la ley bibliotecaria regulará el funcionamiento de la Red de Bibliotecas de Extremadura, como el conjunto organizado y coordinado de las bibliotecas públicas existentes en Extremadura "con el fin de facilitar el acceso a sus fondos y ofrecer unos servicios bibliotecarios de calidad".
Cabe destacar que este nuevo texto se estructura en cuatro títulos, más un título preliminar introductorio, que suman 38 artículos, a los que hay que añadir una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y dos finales.
FALTA DE CONSENSO PARA LA OPOSICIÓN
El diputado del PP Laureano León ha señalado que la oportunidad de aprobar una nueva ley "nadie la pone en duda" tras 24 años de vigencia de la actual, pero sí pone en duda la intención de consenso expresado por la consejera, porque es "su ley, su norma y porque les importa un bledo el resto de grupos", porque, ha añadido, "saben que la van a aprobar" gracias a la mayoría absoluta del Grupo Socialista.
Asimismo, ha criticado que la mayoría de las personas del sector que han participado en su elaboración son responsables de la Junta, por lo que se trata de un consenso "limitado, muy de la Junta", un consenso "falso", ha añadido.
Además, León ha reprochado que este texto supone el reconocimiento del "fracaso" de las políticas en materia de bibliotecas de su gobierno, y que asimismo "le falta ambición", puesto que no implica "ningún gasto adicional", sin implicar contrataciones o inversiones, ni tampoco se introduzca el criterio de personal mínimo para las bibliotecas.
Finalmente, el diputado 'popular' considera que el Ejecutivo regional se ha tomado esta norma "como un trámite más", que había que renovar tras 24 años de espera, puesto que contempla hasta diez remisiones a su desarrollo a futuros reglamentos.
Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén coincide en la base de dotar a biblioteca de un marco legal actualizado, que atienda sus nuevas necesidades, pero esta ley responde "de manera limitada y mejorable a la adaptación de los centros para que estén conectados".
"La ley está bien, como base no está mal, pero es mejorable", ha señalado, al tiempo que ha avanzado que presentarán enmiendas con las que espera "aclarar dudas", entre las que ha citado la referente a la definición del personal de las bibliotecas, para las que no se refleja cual debe ser su cualificación.
También "peca", ha añadido, de una "gran ausencia", en alusión al fomento de la lectura, que debe ser "el ánimo que persiga" una ley en la que no ha escondido su deseo de haber participado en el proceso desde el inicio, en tanto que el Ejecutivo ha optado en este caso por "iniciar este camino en solitario".
A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero ha coincidido en que la ley "pedía a gritos" una actualización y mejora para adaptarla a los nuevos tiempos, si bien ha reclamado que hay que ser "ambiciosos" y "no escatimar" respecto a las inversiones, para que las bibliotecas tengan todo lo necesario.
En este sentido, ha pedido que los más de 800.000 euros procedentes del Plan de Recuperación que llegarán a Extremadura entre los años 2021-2023 para la dotación de las bibliotecas se distribuyan mediante un reparto equitativo.
Asimismo, ha avanzado que solicitará la comparecencia de colectivos que aún no han participado en el proceso de la elaboración de la ley, así como que su grupo presentará enmiendas parciales "en tono constructivo" con ánimo de mejorar el texto.
Finalmente, el diputado socialista Fernando Ayala ha destacado el "impacto social" que supondrá esta norma, que permitirá el acceso a los documentos "en cualquier formato", así como la posibilidad de contar con ejemplares de difícil acceso en cualquier punto de la región, incidiendo de esta forma en la disminución de la brecha digital.
Una ley "flexible, integral, concreta y descriptiva" que entre sus objetivos contempla también la lucha contra el reto demográfico.
