El PP critica un caso de "presunta prevaricación" de Educación en una adjudicación sobre evaluación de centros en 2002

MÉRIDA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP extremeño, César Díez Solís, denunció hoy un caso de "presunta prevaricación" de la Consejería de Educación, relativo a una adjudicación al Instituto de Evaluación y Asesoramiento (IDEA) de un servicio de análisis de centros educativos correspondiente al año 2002.

Basándose en un documento de la Consejería de Educación que también facilitó a los medios de comunicación, Díez Solís indicó en rueda de prensa que dicho departamento autonómico convocó el 14 de octubre de 2002 a los directores de 90 centros educativos públicos y privados de la región a una reunión para el día 22 de ese mismo mes, en la que -según el popular- Educación "anunció" que la empresa IDEA realizaría un servicio de evaluación de centros docentes, pese a que la adjudicación de dicho servicio se realizaría "dos meses más tarde".

Además, indicó que el contrato "negociado sin publicidad" de dicho servicio fue firmado el 18 de diciembre de 2002 con una cláusula en la que se indicaba que los trabajos deberían estar terminados antes del día 20 del mismo mes, lo que desde su punto de vista significa un plazo "corto y además en pleno periodo prevacacional".

De igual modo, denunció que a la reunión del 22 de octubre de 2002 asistió el responsable del Instituto IDEA, Álvaro Marchesi, "el padre de la LOGSE", lo que según Díez Solís "hace ver que no se puede creer que éste fuera a poner mala nota a su propia ley".

Asimismo, recordó que el PP ya denunció en julio de 2003 ante los medios de comunicación otro concurso "presuntamente fraudulento" del Ejecutivo autonómico a favor del Instituto IDEA por importe de 217.000 euros, "porque el contrato con dicha empresa fue firmado en julio cuando los trabajos de evaluación se habían iniciado en enero de ese mismo año 2003".

Según dijo, el PP presume que la Consejería de Educación "ha pagado dos veces por el mismo trabajo", en concreto, según dijo, por el concurso de diciembre de 2002 y por de julio de 2003.

"CORRUPCION ADMINISTRATIVA"

Para el responsable popular, el caso de 2002 "suena al tira para adelante, a las vallas del paleto, a corrupción administrativa del Gobierno regional, a políticas de adjudicaciones a amigos, y a una utilización chapucera de la administración de un Gobierno que se cree impune ante los extremeños".

Así, anunció que el Grupo Popular interpelará sobre esta cuestión en la Asamblea a la consejera de Educación, Eva María Pérez, aunque reconoció que ésta accedió al cargo con posterioridad al caso denunciado.

Por ello, exigió al consejero de entonces, Luis Millán Vázquez de Miguel, y a los altos cargos que intervinieron en el concurso y que según dijo continúan ocupando "buenos cargos" actualmente en otros departamentos autonómicos, abandonen el Gobierno regional, "aunque sólo sea por honestidad política", o bien que intenten ofrecer una explicación "razonable" de lo sucedido.

En todo caso, citó al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, como "máximo responsable" del caso "porque de nada sirve que Ibarra diga que se va a romper los bolsillos para mejorar la educación si después se comprueba el uso que se hace con el dinero de todos los extremeños".