Trabajadores extremeños contarán ayudas por importe de 4 millones para realizar programas de formación

Actualizado 13/11/2018 18:28:47 CET

   MÉRIDA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria, correspondiente al ejercicio de 2019, de subvenciones destinadas a financiar la realización de programas de formación sectoriales y transversales dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, con un presupuesto de 4 millones de euros.

   Podrán optar a estas ayudas los centros y entidades de formación públicos o privados que se encuentren acreditados y/o inscritos en el correspondiente registro para la impartición de las especialidades formativas que se incluyan en la oferta.

   Los centros y entidades beneficiarios de las subvenciones deberán impartir las acciones de los programas de formación en instalaciones o locales, propios o de titularidad de terceros, que estén radicados en el territorio de Extremadura y se encuentren acreditados y/o inscritos para las especialidades formativas solicitadas

   De los 4 millones de euros presupuestados para esta convocatoria, 2 millones se destinarán a programas sectoriales y otros 2 a programas transversales.

   En ambos casos, las acciones formativas podrán estar vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad que respondan a los requerimientos de cualificación en un sector o sectores productivos concretos, o no vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad y que respondan a necesidades de competencias específicas de un sector o sectores productivos concretos.

   Los programas sectoriales corresponderán a las áreas de la dependencia; la agricultura y la economía verde y circular; el transporte; la industria siderometalúrgica; la hostelería y el turismo; el deporte; y la construcción.

   En la convocatoria de estas ayudas correspondiente al año 2018 se aprobaron 72 planes de formación y 350 acciones formativas, con una previsión de 6.000 personas formadas al término del ejercicio, según ha informado la Junta tras la celebración del Consejo de Gobierno.

   Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y/o prácticas profesionales no laborales de la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo, con una dotación económica de 1.800.000 euros.

   Se trata de una "importante acción", habida cuenta de que la formación profesional para el empleo tiene un "papel esencial" en la articulación del cambio del modelo productivo de Extremadura que permita el crecimiento económico y la generación de empleo "estable y de calidad", a través de la cualificación de las personas trabajadoras desempleadas.

   Desde la convocatoria del año 2016 hasta ésta la cuantía destinada a estas ayudas se ha incrementado en 300.000 euros.

   Podrán percibir beca las personas desempleadas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siempre y cuando carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional.

   Por otra parte, las personas trabajadoras desempleadas que asistan a las modalidades de formación previstas en la orden de convocatoria tendrán derecho a ayudas en concepto de transporte, de manutención y, en su caso, de alojamiento y manutención.

   La oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo comprende tanto las acciones formativas financiadas mediante las diferentes convocatorias de subvenciones como las ejecutadas con medios propios, bien a través de centros del SEXPE o mediante encargos a empresas públicas.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y CREACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS

   Finalmente, el Ejecutivo regional ha autorizado la aprobación del decreto sobre distribución de competencias y sobre creación de registros públicos en materia de ejecución de la legislación laboral.

   Así, según ha apuntado la Junta, las diversas reformas de la legislación laboral llevadas a cabo por el Estado plantean la necesidad de abordar de "manera integral" una nueva norma que establezca la atribución competencial respecto de las relaciones laborales, de la prevención de riesgos laborales y de la imposición de sanciones que se pudieran derivar de la conculcación de la normativa estatal del orden social.

   Asimismo, dada la importancia que estos cambios revisten, se estima conveniente aprobar un nuevo decreto, evitando llevar a cabo modificaciones en el vigente, que data de febrero de 1996, para una mayor claridad orgánica y como instrumento para lograr una adecuada seguridad jurídica.

   Así, el decreto aprobado este martes determina los órganos administrativos que resultan competentes para el conocimiento de asuntos en materia de relaciones laborales (ejecución de la legislación laboral) y de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la creación de los registros públicos exigidos por la normativa laboral y la articulación de las relaciones institucionales de la Administración Autonómica con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

   El nuevo decreto facilita a los profesionales del derecho y a los propios empleados públicos un único documento donde se establece de forma precisa a quien se debe dirigir cada solicitud y qué órgano administrativo debe resolverla, lo que, "indudablemente, redunda en la agilización de la actuación de la administración autonómica".