Acusan al Gobierno regional de dilatar deliberadamente los plazos con un interés electoralista, acercando el cobro a los comicios de 2015
MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos UGT y CCOO de Extremadura y el Campamento Dignidad van a promover entre asociaciones, colectivos y partidos políticos de la comunidad autónoma la formación de una "amplia" plataforma ciudadana a favor del cumplimiento de la Ley de Renta Básica, y exigen que al menos 10.000 solicitantes cobren esta ayuda de inserción antes del próximo 31 de julio.
Estas tres organizaciones han elaborado un manifiesto en el que se califica la puesta en marcha de la renta básica como un "engaño deliberado" por parte del Gobierno regional de José Antonio Monago, al mismo tiempo que consideran que la modificación de la Ley aprobada este jueves en el Parlamento regional es un "maquillaje publicitario" que no va a mejorar la prestación.
Así lo ha destacado el secretario de Igualdad y Política Social de UGT Extremadura, Nereo Ramírez, quien junto a la secretaria regional de Política Social de CCOO, Cruces Rosado, y Manuel Cañada, miembro de Campamento Dignidad, han ofrecido una rueda de prensa en Mérida en la que han leído el citado manifiesto.
Según los cálculos, el número de personas que a día de hoy, 13 meses después de la aprobación de la Ley, cobran esta prestación en Extremadura se sitúa en torno a las 400 o 500 personas, a pesar de que los solicitantes superan las 20.000, debido a que el Ejecutivo regional ha llevado a cabo una constante "dilatación en el tiempo" de la puesta en marcha de este nuevo derecho reconocido por Ley en la comunidad autónoma.
Ramírez ha subrayado que para mejorar estas cifras, la propuesta debería cambiar de negativo a positivo el resultado del silencio administrativo, de tal forma que en caso de que la administración no conteste a una solicitud, esta sea aprobada automáticamente.
Al respecto, Manuel Cañada ha señalado que la mayoría de las solicitudes se presentaron entre agosto y octubre de 2013, y que una gran mayoría de ellas no ha recibido respuesta alguna. En este sentido, ha apuntado que solo en la ciudad de Badajoz se han presentado más de 250 recursos, al tiempo que ha avanzado que si la situación no cambia, su organización se está planteando acudir al Tribunal de Derechos Humanos".
AGILIZACIÓN Y DIÁLOGO
Los colectivos firmantes del manifiesto tienen tres exigencias básicas. En primer lugar, la agilización en la resolución de la solicitudes, de manera que el próximo 31 de julio el número de personas que estén cobrando la Renta Básica en Extremadura alcance un "mínimo" de 10.000 personas.
En segundo lugar, reclaman la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de la Renta Básica recogida en el reglamento de la misma con la inclusión del Colectivo Campamento Dignidad. Por último, exigen una reunión también "urgente" con el Gobierno de Extremadura para abordar la "crítica situación de necesidad que vive buena parte de la sociedad extremeña".
El manifiesto hace referencia a las cifras de desempleo en la región, así como a otros parámetros que indican la situación social que atraviesa Extremadura, como el número de personas sin ingresos (65.000) o el índice de pobreza (34%).
30 DOCUMENTOS DE MEDIA
Asimismo, responsabiliza a la Administración regional de retrasar "deliberadamente" el pago efectivo de este derecho, amparándose en el "galimatías de la burocracia". Según ha indicado Cañada, a cada solicitante se reclama una media de 30 documentos, y que entre ellos se han dado casos de solicitar la ITV de una moto, el contrato de arrendamiento de una vivienda siendo esta propiedad de la propia Administración regional, o certificados de asistencia escolar de los hijos. "Es una barbaridad", ha apostillado.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno del PP "sabe muy bien lo que quiere" y que todo lo que está ocurriendo con esta ley es "un desastre muy bien organizado". En su opinión, el objetivo de estos retrasos es electoralista, ya que el Ejecutivo de Monago tendría la intención de que los pagos se produjeran en vísperas de los comicios municipales y autonómicos de 2015.
500 PERCEPTORES
Los dos sindicatos y el Campamento Dignidad aseguran que la cifra de perceptores de la ayuda es inferior a la hasta ahora reconocida por el Gobierno regional, que se cifra en 1.500. Cañada ha explicado que carecen de cifras oficiales, porque el Ejecutivo no las facilita, pero que extrapolando los datos de los ayuntamientos, la cifra de beneficiarios se encuentra en torno al 3 por ciento de los solicitantes. Es decir, unas 500 o 600 personas, y que en su mayoría se trata de "pequeñas cantidades" complementarias, que ha cifrado en unos 100 o 150 euros mensuales, y no de la renta básica completa, que ronda los 400 euros.
Como ejemplo, ha señalado que en Plasencia, una localidad en la que a fecha de 31 de mayo había 754 demandantes de la Renta Básica, tan solo hay 22 personas que la cobren. Asimismo, ha advertido de que se han dado casos de personas que han cobrado uno o dos meses y "misteriosamente" después han dejado de hacerlo.
Al respecto, considera que de los 13 millones de euros presupuestados en 2013 para poner en marcha este derecho, la ejecución real no alcanzó ni siquiera los 200.000 euros, y que de los 20 millones previstos para 2014, se han gastado 8 millones, que se corresponden mayoritariamente al traspaso realizado a los ayuntamientos extremeños para la tramitación de las ayudas de emergencia social.
"INEFICACIA" Y DIMISIÓN
Por todo ello, el manifiesto hace referencia a la "ineficacia" mostrada por la Consejería de Salud y Política Social, que debería haber previsto las necesidades de los servicios sociales de base antes de poner en marcha la Ley. En este sentido, consideran que esta situación, los "responsables directos de la consejería", esta situación "debería llevar a reconocer su incompetencia y actuar en consecuencia presentando la dimisión".
Rosado se ha referido en este sentido a la situación que se ha provocado en los servicios sociales de base de los ayuntamientos con la puesta en marcha de esta Ley, que están "desbordados", porque se aprobó sin antes haber realizado una previsión de las necesidades. La secretaria de Política Social de CCOO se ha referido asimismo al "desgaste" que están sufriendo las plantillas de los servicios sociales en este sentido.
Por último, Cañada ha apuntado como responsables de la situación no solo a "los que hacen", sino también "a los que consienten", en referencia a los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, y a sus decisiones con respecto a la Renta Básica.
