El PP denuncia el "baile de cifras" de Vivenda y la "parálisis administrativa" que presenta la consellería
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, aseguró hoy que el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Autonómica, que entrará en funcionamiento en enero, contribuirá a luchar contra el fraude en la venta y adjudicación de los pisos protegidos y favorecerá la mejora de la planificación urbanística, puesto que permitirá conocer la demanda.
En una comparecencia a petición propia en el Parlamento, solicitada para informar de esta figura, Táboas proclamó que, con la implantación de esta medida, "el control y la gestión está garantizado" y, frente a las críticas de la oposición, que aseguró que esta herramienta "no es ninguna novedad", confió en que, cuando esté en vigor, "se pueda comprobar su eficacia real".
Además, lamentó que el Gobierno anterior no hubiese articulado este mecanismo para los aspirantes a las viviendas de protección autonómica, pese a que una ley de 2003 preveía su creación, debido a que, según ella, a los populares "no les interesa la política de vivienda".
En contraposición, reivindicó la gestión de su departamento para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y destacó que, en lo que va de año, el bipartito ha promovido la mayor licitación de pisos de promoción pública de los últimos diez años. Además, destacó que su Gabinete presenta hasta octubre "mayor grado" de ejecución presupuestaria que las administraciones del PPdeG en el mismo período.
"BAILE DE NÚMEROS"
No obstante, la diputada del PPdeG Pilar Rojo denunció el "baile de números" de la consellería, que "despista con tanto cambio de cifras", y añadió que, "de momento, --las licitaciones-- son todo anuncios". "Habrá que ver cuándo se hacen", añadió, tras lo que cuestionó los motivos para comparecer de la conselleira, a la que acusó de presentarse en el Parlamento "para leer lo que va a publicar el DOG".
Además, añadió que el registro único "no supone ninguna novedad", sino que "casi viene impuesto de Madrid", ya que el decreto estatal del Plan de Vivienda 2005-2008 establece este registro tanto a nivel central como autonómico. "Y encima ahora dice que ya lo incluíamos nosotros --la Administración de Manuel Fraga--, así que fíjese", aseveró.
Al respecto, Táboas consideró "curioso" que el PPdeG "pida aclaraciones tras 16 años" y se mostró convencida de que a la oposición "le molesta el registro, porque ellos no lo crearon". A mayores, rechazó que la orden que actualmente tramita el bipartito, con previsión de publicarla en el DOG antes de final de año, vaya a ser un copia del decreto estatal, puesto que éste es "a posteriori" y "no tiene nada que ver con el gallego".
Asimismo, destacó la necesidad de aplicar esta medida, puesto que la "importantísima aportación de recursos públicos" que supone la promoción de viviendas exige el control del proceso en su integridad y garantías de "publicidad, concurrencia y transparencia" en la adquisición de los pisos.
MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN
Aparte, aseguró que el registro permitirá conocer la demanda de vivienda protegida en Galicia y, en consecuencia, repercutirá en una mejor planificación de la política de vivienda, al tiempo que los promotores tendrán "una información rigurosa de la demanda real por ayuntamiento".
Por todo, dijo "creer firmemente" que este instrumento será "una útil herramienta para planificar mejor" y funcionará como una "fuente de información" para los ayuntamientos a la hora de diseñar su urbanismo, puesto que ayudará a detectar dónde hay necesidad de suelo residencial, y para el sector privado, que al conocer la demanda, podrá minimizar los riesgos de inversión.
Sin embargo, Pilar Rojo dudó de que esta figura vaya a reducir las irregularidades y, tras advertir de que "no va a ser la panacea de todos los males, el fraude no va a desaparecer de repente", expresó su "decepción" por que la consellería no eliminase los sorteos en la adjudicación de estas viviendas. "Recuerdan, y esto sí, a políticas pretéritas", declaró, tras lo que censuró la "parálisis administrativa" del Gabinete de Táboas.
APOYO
Frente a estas críticas, los grupos que apoyan al Gobierno destacaron el valor del registro y, en este sentido, la nacionalista Carme da Silva se mostró convencida de que promoverá el "derecho fundamental de acceso a la vivienda" y la lucha contra las irregularidades. "Hasta ahora, asistí a cómo se permitía el fraude desde la Administración", añadió.
Por su parte, el parlamentario del PSdeG Luis Toxo destacó las "bondades" de este instrumento por cuanto "mejorará la transparencia de un bien escaso e importante" y permitirá "no llamar favor a lo que es justicia y equidad". "Terminará con las malas prácticas y ya por eso, merece nuestro aplauso", concluyó.
