SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, subrayó hoy que la Xunta no actuará como "gran hermano" de las relaciones de los partidos con los emigrantes para "garantizar" la limpieza del proceso electoral, puesto que se trata de una responsabilidad que "no le compete" al Gobierno.
En su intervención en la Comisión Institucional del Parlamento, Rodríguez subrayó que la Administración puede "asumir poner a andar" las reformas necesarias para mejorar la participación de la diáspora, pero subrayó que el control de las fuerzas políticas le atañe a los propios partidos.
Así, pese a confirmar que tenía conocimiento "por los medios de comunicación" de algunas de las irregularidades cometidas, rechazó "cargar tintas, puesto que no es competencia de esta secretaría xeral". "No se recoge en ningún sitio el seguimiento de candidatos, ni de alcaldes ni de líderes políticos", subrayó, tras lo que advirtió de que carece de "vocación de seguir lo que ninguno haga".
Al respecto, subrayó que "son los partidos los que deben denunciar si tienen pruebas", si bien apeló también a "rebajar modos", puesto que "es cierto que hay muchas más denuncias en la prensa que en la Junta Electoral". "Nosotros ni perseguimos candidatos, porque no es nuestra función, ni tenemos medios para hacerlo, ni podemos entrometernos en la autonomía local", aseveró.
PRÁCTICAS CONTRA LA LIBERTAD DE VOTO
Con todo, aclaró que considera "tan grave que un candidato pida fotocopias del pasaporte para ganar el voto, como que otros se presten a 'carrexar' gente", ya que "ninguna de las dos dicen mucho del convencimiento democrático de quien las practica". "Ambas atentan contra la libertad, pero no corresponde al Gobierno ser garante ni gran hermano de la operación", aseveró.
Manuel Luis Rodríguez subrayó que la función de la Xunta pasa por "liderar" las acciones para "evitar esta situación", acelerando las modificaciones precisas para activar cuanto antes el voto en urna, pese a que este posicionamiento genere "tensiones e incomprensión con el Gobierno central", del que lamentó que asuma este proceso con "ritmos que no coinciden".
Por ello, demandó al diputado del BNG Iago Tabarés, quien le preguntó por el posicionamiento de la Administración ante parte de estas prácticas, que "no niegue a la Xunta la voluntad política de acabar con este tema de una vez". "Además hay algún sesgo en sus preguntas a esta secretaría xeral, porque siempre son sobre aspirantes socialistas", aseveró.
VELAR POR LOS DERECHOS
Por su parte, Tabarés consideró que "no se trata de una cuestión de competencias", sino del "interés por velar por los derechos de los gallegos que están fuera". "No podemos tener esa despreocupación como justificación de la inacción de un Gobierno", aseveró, al tiempo que advirtió de que "lo que aquí se vulnera es la democracia, los derechos de los gallegos y no se pueden admitir ese tipo de golferías".
Así, el parlamentario nacionalista recordó incrementos del censo "peculiares" en determinados ayuntamientos como Vilarmaior, Pontenova, Samos o A Mezquita; "participaciones negligentes" de representantes públicos e, incluso, que "algunos dirigentes políticos se sorprendan por la trascendencia de sucesos que generan la alarma para un grupo como el BNG, que nunca recurrió ni recurrirá a estas prácticas".