Ve "claro", como dice el juez, que Adif aumentó el riesgo para "miles de personas" cambiando el ERTMS por "motivos comerciales"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Manuel Prieto, el abogado del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois el pasado 24 de junio, lo que ocasionó la muerte a 79 personas y provocó heridas a más de un centenar de personas, considera que "lo que se está demostrando" con el avance de la instrucción judicial es que "las graves carencias de seguridad" en la vía de alta velocidad de Ourense a Santiago de Compostela eran "vox populi".
En declaraciones a Europa Press, Prieto, tras la notificación de un nuevo auto del juez que instruye el caso, Luis Aláez, destaca que existía "un riesgo muy grande" y que Adif, como administrador de la infraestructura ferroviaria, es "el responsable" de la seguridad en la misma.
Aláez acusa a Adif de aumentar el riesgo para "miles de personas" cambiando el ERTMS por "motivos comerciales", algo que el letrado del único imputado en este momento ve "claro", al entender que "no tiene nada que ver" el argumento aportado por el organismo --en relación a los intercambiadores en la vía-- con el sistema de seguridad ERTMS --el tramo pasó a explotarse sólo con el ASFA--. "En cualquier caso, la seguridad no se debe disminuir, y hay que implantar medidas adicionales", agrega.
"Se está demostrando que esto era vox populi que era un riesgo muy grande el que había en esa curva, sin protección de seguridad más allá de que el maquinista frenara el tren. No es lógico, cuando en el ferrocarril siempre conjuga el factor humano con la tecnología, y aquí se obvió uno --de los dos elementos-- con muy malos resultados", expone.
TESTIGOS
Respecto a la declaración como testigos del jefe de maquinistas que elaboró un informe que advertía del riesgo en la curva de A Grandeira, su superior directo y un responsable de seguridad, que se producirá el 7 de marzo, Manuel Prieto espera que de ella salga "la realidad, la verdad". "Mazaira dirá que mandó ese e-mail después de lo que vio a Vilariño, que este lo mandó a su jefe, gerente territorial de Galicia, y este a su vez lo remitió a personas de Madrid para tratarlo en una reunión allí", explica.
"Poco después --Mazaira-- lo mandó a Lluch, que es de seguridad. El correo ha aparecido, y que lo vio parece fuera de toda duda", llama la atención, al señalar que incluso "después" ambos responsables "hablaron por teléfono" y esta conversación "dio lugar a un aviso informativo". "No se hizo nada en lo otro --en relación a la señalización-- con la excusa de que era reglamentario", apunta. Además, indica, sobre lo que alega Renfe de los canales oficiales de comunicación, que "en toda empresa un trabajador si elabora un informe se lo envía a su jefe inmediato", y eso fue lo que ocurrió.
Otro aspecto relevante, a juicio del abogado, que demanda el juez --a petición suya-- son los partes de incidencia que dieron lugar a la desconexión del ERTMS el 23 de junio de 2012. Prieto llama la atención sobre que los partes existentes hasta el momento son posteriores a esa fecha, lo que "no tiene sentido". "Quiero saber si existen o no existen los partes anteriores a ese día, que tendrán que justificar, para conocer si alguien pidió la desconexión", finaliza.
