SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Galicia ha aprobado este viernes una proposición no de ley que pide a la Xunta que se dote a los centros educativos de Galicia de mecanismos de herramientas que ayuden a la prevención, denuncia y tratamiento de cualquiera situación contraria a la convivencia, con especial atención al acoso en las aulas o a través de medios tecnológicos.
La iniciativa, defendida por el PPdeG y que ha contado con el apoyo del PSdeG y la abstención del BNG, indica que estas medidas incorporarán, en la medida de las posibilidades de ejecución y financiación, cuestiones como campañas de sensibilización para que las redes sociales no sean solo parte del problema sino parte de la situación; la posibilidad de crear en los centros educativos puntos físicos y telemático de denuncia de casos de acoso escolar o ciberacoso; y el refuerzo de la figura de los tutores de grupo en los centros y el recurso de tutorías entre iguales.
En la Comisión de Educación e Cultura de la Cámara gallega, tal y como ha señalado el PP en un comunicado, la parlamentaria popular Felisa Rodríguez ha destacado que la Ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia y la Ley de convivencia y participación de la comunidad educativa constituyen el marco normativo que ayuda a que la sociedad gallega esté dando pasos hacia una verdadera igualdad y no discriminación de las personas.
"Aunque no es bueno caer en alarmismos, no podemos mirar hacia otro lado cuando hay situaciones cada vez más visibles a través de los medios de comunicación y nuevos retos que afrontar, como la inteligencia artificial", ha apuntado.
De este modo, ha dicho que la Xunta trabaja en el I Plan integral contra el acoso y el ciberacoso, con la previsión de activarlo en este otoño, "un documento complejo que tiene el reto de afrontar desde la educación una cuestión con variables familiares, sociales, sanitarias y jurídicas".
REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Por otra parte, en la comisión, ha salido adelante por unanimidad otra proposición no de ley defendida por el Grupo Popular a través de la que el Parlamento de Galicia insta a la Xunta a que demande del Gobierno de España la remisión a la administración autonómica, en el plazo de un año, de las reproducciones de toda la documentación eclesiástica, pía y asistencial gallega que obra en poder del Estado fruto de las amortizaciones del siglo XIX, con el objetivo de ponerlas a disposición de los investigadores en las instituciones correspondientes.
En la defensa de la iniciativa, conforme ha señalado el PP en otro comunicado, el diputado popular José Luis Ferro, ha recordado la existencia de un convenio firmado entre el Gobierno de España y la Xunta para que los archivos de las instituciones eclesiásticas, pías y asistenciales gallegas que pasaron a manos del Estado como consecuencia de las medidas desamotizadoras del siglo XIX sean objeto de una reproducción para su incorporación a los archivos históricos provinciales de su correspondiente demarcación.
"Es imprescindible que las acciones previstas hace más de 15 años concluyan, favoreciendo la llegada de las reproducciones a tierra de producción de los documentos", ha indicado.