El Parlamento enviará a la Fiscalía las conclusiones y recomendaciones, orientadas a "evitar" que se repita lo sucedido
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Cidade da Cultura, el complejo arquitectónico diseñado por Peter Eisenman y llamado a ser la plataforma de difusión de la cultura gallega, se convirtió por segundo año consecutivo en protagonista del último pleno de la Cámara gallega.
El Parlamento de Galicia celebró hoy una sesión extraordinaria en la que, entre otras cuestiones, se debatió y aprobó por el PSdeG y BNG el dictamen de conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre la totalidad de actuaciones públicas referidas a la CdC. Se da la circunstancia de que hace exactamente un año, la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, compareció ante la Cámara gallega para exponer la reformulación del proyecto ideada por el bipartito.
Hace un año, también un 27 de diciembre, Ánxela Bugallo, afirmó que la Cidade da Cultura, en construcción en el Monte Gaiás de Santiago de Compostela desde junio de 2001, se terminará en dos fases, la primera en 2009 y, la segunda en 2012, dispondrá de un proyecto cultural "coherente" y será gestionada por una red de fundaciones que permitirá la entrada de financiación privada y de otras entidades públicas. Entonces avanzó la redefinición de usos de los edificios, aunque a lo largo de este año hubo modificaciones.
EL GESTO DE TOURIÑO
En la sesión celebrada hoy, la trascendencia del debate quedó en un segundo plano ante la actitud del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño (PSdeG), de abandonar el hemiciclo para no votar el dictamen que fija remitir al Ministerio Fiscal las conclusiones de la investigación parlamentaria realizada en los últimos tres meses y medio.
Tras el pleno, el propio Touriño, quien es secretario xeral del PSdeG, explicó que evitó votar el dictamen "por coherencia", ya que defiende que "no es lo mejor contribuir a judicializar la vida política en ningún caso". A su juicio, la función del Parlamento "acaba" en la labor de poner "luz y taquígrafos, transparencia y rigor a investigar lo sucedido en la gestión por el anterior Gobierno" a través de la comisión que realizó sus trabajos durante los últimos tres meses y medio.
Fue el propio Touriño, quien a mediados de agosto en un acto político del PSdeG en A Fonsagrada (Lugo) al que asistió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sugirió la constitución de la comisión de investigación. Finalmente, el PPdeG se adelantó al PSdeG y BNG a la hora de formular la petición de esta comisión, que se constituyó el 17 de septiembre de 2007, tras un acuerdo plenario unánime del día 11 del mismo mes, y empezó a trabajar en la segunda semana de octubre.
La Comisión de Investigación sobre la totalidad de actuaciones públicas referidas a la CdC analizó 40.000 folios de 55 bloques de documentación y escuchó las opiniones sobre el proceso de gestación y gestión del proyecto de un total de 33 comparecientes, entre ellos, los máximos responsables de la anterior y actual Xunta de Galicia. Los trabajos realizados, de los que el Parlamento gallego no ha comunicado el coste --por fotocopias, viajes internacionales de comparecientes y otros--, han permitido "hacer luz" sobre la gestión del complejo, según PSdeG y BNG, que constataron que se sacaron "conclusiones operativas" para tratar de evitar que se repita una gestión similar en otra gran infraestructura pública.
VOTACIÓN
Precisamente fueron PSdeG y BNG los grupos que consensuaron un dictamen de conclusiones que, tras ser aprobado por ambos grupos el pasado 20 de diciembre en la comisión de investigación, hoy se sometió a la votación del pleno de la Cámara. El dictamen contó con un total de 70 votos, ya que Touriño se ausentó de la votación y a la sesión de hoy faltaron cuatro diputados del PP, Xosé Cuiña y Pilar Rojo por enfermedad y de Aurelio Miras Portugal y José Manuel Castelao Bragaña, ambos de viaje en el extranjero.
El PPdeG, que considera "inadmisible" el dictamen "de parte" aprobado por BNG y PSdeG, defendió en solitario un voto particular en el que, entre otras cuestiones, proponían proponen que en un mes la actual Xunta defina los contenidos del complejo y que el Consello de Contas fiscalice la Fundación da CdC en los años 2006 y 2007.
Finalmente, el Parlamento de Galicia asume el dictamen que establece como algunas de las conclusiones referidas al periodo 1997-2005 la "falta de transparencia" del anterior gobierno del PP en la Xunta y otras consideraciones; mientras que del periodo 2005-2007, destaca la redefinición del proyecto y una "buena administración", entre otras cuestiones.
DATOS DE PÉREZ VARELA
Las conclusiones y recomendaciones del dictamen acordado por PSdeG y BNG hacen alusión a la convocatoria de concursos arquitectónicos; a que proyectos de similares al complejo en construcción en el Monte Gaiás, en Santiago, se fundamenten "en una motivación precisa"; a la necesidad de "regular" la actuación de ejecutivos en funciones para "evitar que hipotequen o condicionen al gobierno entrante"; a la regulación para el control económico-financiero de los entes instrumentales; y a otras consideraciones.
También inciden en que se debe pedir al Gobierno gallego, "con certificación de Hacienda", la copia de declaración de bienes patrimoniales del ex conselleiro de Cultura Jesús Pérez Varela y al Consejo de Administración de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) que remita informe de "eventuales incompatibilidades" de este representante del PP por su empresa Chuvieira SL. También justificó que se remita al Ministerio Fiscal todas las conclusiones, "porque ya tiene actuaciones en marcha" respecto a la CdC.
En principio, PSdeG y BNG prevén llevar a la Fiscalía sus conclusiones y recomendaciones, iniciadas a partir del informe del Consello de Contas referido al ejercicio de 2004. Con ello, según manifestaron en fechas pasadas, quieren contribuir al procedimiento judicial que está abierto en relación a la gestión de la Cidade da Cultura.
La gestión de la CdC está en los tribunales a partir de una denuncia de una particular que propició que la Fiscalía remitiese el caso a un juzgado de instrucción de Santiago, que inicialmente archivó el caso, aunque esta decisión está recurrida.
