El comité de Povisa exige al Sergas implicación "inmediata" en el ERE, ya que el concierto impide subcontratar servicios

Povisa Vigo
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 6 febrero 2015 16:46

Insisten en que "no sobra nadie" y proponen recolocar al personal de categorías afectadas en función de su formación

VIGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de Povisa ha comunicado que el concierto que la dirección del hospital firmó con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) establece que la empresa "no puede subcontratar" servicios sin contar con "la autorización expresa" de la Administración, y por ello ha exigido a la Xunta su implicación "total e inmediata" en el ERE, por el que se prevé el despido de 56 trabajadores.

En una rueda de prensa este viernes, el comité de empresa de Povisa ha indicado que, tras varios meses desde la firma del concierto, recientemente han podido acceder al acuerdo a través de un enlace de Internet, aunque consideran que el documento está incompleto.

Tal y como han trasladado, en este escrito hay un artículo en el que se especifica que "Povisa no podrá acordar con terceros la cesión de los derechos y obligaciones derivados del contrato sin la autorización expresa de la administración contratante", es decir, que "Povisa no puede subcontratar" servicios como limpieza, rehabilitación control de visitas y telefonistas, han explicado.

Todo ello, salvo que cuente con la autorización de la administración. "¿Cómo es posible acordar con un hospital la prestación de servicios y a su vez subcontratar? No se puede hacer, y la administración no debe dar autorización para subcontratar ningún servicio", han sentenciado.

En base a este artículo, los trabajadores han manifestado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "ya no puede decir que la administración no se puede involucrar", como había expresado el pasado 16 de enero. "Con esta disposición no tiene excusa, su implicación tiene que ser total e inmediata", ha insistido.

Así las cosas, los trabajadores han organizado una concentración el próximo día 17 a las 10,00 horas delante del edificio de la Xunta, para exigir que no se permita la subcontratación de ninguna actividad sanitaria o no sanitaria, que no desaparezca ningún servicio y que el ERE no se llegue a aplicar.

RECOLOCAR AL PERSONAL

En relación al ERE, el comité ha criticado este viernes que, pese a las negociaciones y a las propuestas que ha trasladado a la empresa desde la comunicación de esta medida , la dirección "no está dispuesto a rebajar el número de despidos", que ascienden a 56, de los que 34 han sido justificados por causas económicas y 12 por razones organizativas.

En concreto, se trata de 14 empleados de limpieza (con lo que desaparecen los trabajadores de limpieza propios del hospital), 5 telefonistas (desaparece este servicio), 5 de control de visitas (desaparece este servicio), 10 fisioterapeutas, 12 celadores, 3 administrativos de archivo y 7 administrativos de recepción (cuatro de ellos de secretaría clínica, que desaparece como servicio).

Así, los representantes de los trabajadores, que han recalcado que "no sobra nadie", han indicado que propusieron a la empresa recolocar al personal de categorías afectadas en función de su formación y, en caso de que no tengan la formación adecuada al nuevo puesto, que se le facilite tiempo y medios necesarios para adquirirla.

Además, plantearon la reubicación del personal afectado en los puestos que actualmente están cubiertos por personal eventual y recolocar a los administrativos en las plantas y servicios donde se puede mejorar la calidad prestando más atención al paciente.

Acerca del colectivo de celadores, cuya figura en planta han explicado que la empresa pretende hacer desaparecer argumentando que son puestos "vacíos de contenido", han asegurado que sus funciones "están vigentes" y han propuesto que aquellos que tengan titulación superior se les cambie de categoría y que se mantenga el resto hasta que se vayan jubilando.

EL ERE "NO TIENE SENTIDO"

Según han comentado, la empresa no presenta un cambio en las negociaciones, que tienen como plazo de finalización el próximo día 21, y "no van a estudiar la propuesta" del personal, pues, han asegurado, la empresa les ha comunicado que si recolocan a los trabajadores meterán en la bolsa de despedidos a otros empleados.

Por todo ello, el comité ha reiterado su "total rechazo" al ERE, que considera que "no tiene sentido" y "no procede", cuando la empresa registró "11 millones de beneficios" en 2013 y también obtuvo beneficios en 2014 --"menos, pero también tuvo beneficios", aseguran--. Además, ha criticado que, mientras va a hacer este ERE, la empresa va a ampliar la quinta planta del hospital, con lo que crearán 22 habitaciones con dos camas cada una.

Finalmente, el personal, que ha agradecido el apoyo de varios partidos políticos y de "todos los grupos parlamentarios menos el PP", han reprobado que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, todavía no les ha concedido una reunión pese a que le enviaron peticiones en varias ocasiones.

POVISA SE REAFIRMA

Por su parte, fuentes de la empresa han justificado en declaraciones a Europa Press que la externalización de servicios "en determinados casos, acerca el servicio al ciudadano" y, de hecho, han recordado que algunos servicios ya están siendo subcontratados por el Sergas. "Nosotros trabajaríamos con servicios con los que trabaja el Sergas", han aseverado.

Además, han remarcado que en todo caso se garantizará la "atención y la calidad" de los pacientes. De hecho, han señalado que con todo ello se podrá "reducir los desplazamientos" y se mejorará "muchísimo el confort del paciente", en relación a lo que han puesto como ejemplo la fisioterapia banal --aquella en la que se atienden a pacientes que no presentan lesiones graves, como esguinces--.

Respecto al ERE, las mismas fuentes han insistido en que "el hospital tiene que ganar competitividad, para poder ser viable a largo plazo", pues prevé registrar 5,4 millones de euros en pérdidas en 2015.

Por esto, Povisa ha planteado varias medidas que afectan a "servicios no esenciales" y permitirán ahorrar 370.000 euros, entre las que se incluye la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo y la negociación con proveedores. En este sentido, han transmitido que la recolocación de personal "no solucionaría el problema".

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