El Congreso baraja noviembre para el primer debate del traspaso de la AP-9, cuya aprobación llevará mínimo a primavera

Autopista AP-9
Europa Press
Publicado 22/09/2018 11:29:37CET

   El cambio de titularidad efectivo podrá demorarse otros seis meses a partir de que reciba luz verde y el BNG podrá defender su propuesta

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La propuesta de ley que aprobó el Parlamento de Galicia por unanimidad en marzo de 2016 para solicitar al Estado la transferencia de la AP-9 está lista para su inclusión en el pleno del Congreso y, la fecha que se baraja en la Cámara Baja, es la segunda semana de noviembre.

   Las leyes que llegan a las Cortes procedentes de parlamentos autonómicos se debaten por riguroso orden de llegada en el primer pleno de cada mes. En este caso, según el listado de iniciativas pendientes al que ha tenido acceso Europa Press, solo está por delante la proposición de ley sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo, promovida por la Asamblea Regional de Murcia, que estaría lista para incluirse en el primer pleno de octubre (la semana del 8).

   De este modo, si el Parlamento gallego acepta, y así lo acuerdan los grupos en la junta de portavoces del Congreso (que es el órgano que decide el orden del día), el debate para la transferencia de la AP-9 puede incluirse en el primer pleno de noviembre, el día 13.

   Así las cosas, si la Cámara Baja toma en consideración la normativa, lo que en lenguaje parlamentario significa que tramitará la ley, los plazos que se manejan llevan a la primavera de 2019, siempre y cuando se reduzcan al mínimo los tiempos. Es decir, cualquier petición de prórroga para presentar enmiendas (algo que es bastante habitual) o una dilación en los trabajos de ponencia (el grupo de trabajo que redacta la ley) dilataría la aprobación de la norma.

   A esta situación hay que sumarle que el traspaso efectivo de la titularidad a la Comunidad gallega de la Autopista del Atlántico, cuya concesión está en manos de Audasa, tiene un plazo de seis meses (eso sí, como máximo) para cumplirse, según se recoge en la disposición adicional primera del texto legislativo aprobado por el Parlamento de Galicia en 2016.

   Pero tanto el contenido de la normativa como los plazos de ejecución de la ley pueden ser modificados durante el trámite parlamentario por lo que, a falta de conocer cuál será la postura del PSOE y Gobierno central, así como la del PP nacional, habrá que esperar a que se inicien los trabajos parlamentarios para saber en qué se concreta.

LO QUE APROBÓ EL PARLAMENTO

   El Parlamento de Galicia dio luz verde en marzo de 2016 a un texto legislativo en el que se establece que la transferencia de la "titularidad, competencias sobre régimen jurídico de la concesión y funciones y servicios hasta ahora ejercidos por el Estado en relación con la AP-9".

   Una vez hecho el traspaso, la Comunidad gallega tendrá encomendada la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptación o reformas, junto con los enlaces y vías auxiliares; la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista; la potestad sancionadora respecto de incumplimientos de la concesionaria con respecto a la explotación; las modificaciones que afectan al régimen económico-financiero de la concesión, supresión de tarifas y peajes, así como programas de descuento; y la redacción de convenios o adendas relativos al régimen de concesión actual.

   Por su parte, el Estado, según el texto aprobado, "conservará a su cargo, respecto de la sociedad concesionaria de la autopista, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que fuesen motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que tuvo la competencia.

   Las disposiciones adicionales recogen los plazos. Por un lado, el traspaso deberá concretarse en el plazo máximo de seis meses, mientras que, por otro, incluye que el Estado "asumirá las obligaciones económicas y financieras" en el caso de que, en el ejercicio de sus competencias delegadas en la ley, la Comunidad Autónoma (Galicia) acuerde el rescate de la concesión de la autopista para su reversión al ámbito público.

EL RESCATE DE LA AP-9

   En esencia, la transferencia de la AP-9 permitiría a Galicia sancionar a Audasa si, por ejemplo, se producen colapsos en la autopista provocados por una mala gestión del cobro, entre otras circunstancias, así como sería la Comunidad la que tendría que dar luz verde a la subida de tarifas o promover los descuentos.

   Asimismo, la normativa responsabiliza al Estado del coste que tendría el rescate de la autopista, como por ejemplo, se hace con las radiales de Madrid en las que se hace con cargo a los fondos de la Administración General.

   Precisamente, este fue el primer argumento que usó el Gobierno de Mariano Rajoy para vetar el debate de la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados, alegando un coste en las arcas públicas e, incluso, apelando a que la vía conectaba con Portugal (aunque en realidad enlaza con una autovía que es la que llega a la frontera con el país vecino).

   Dados estos argumentos, el Parlamento aprobó una vez más una proposición de ley en la que se excluía la mención al rescate, pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a vetar que se llegase a debatir en la Cámara baja. Es más, el legislativo autonómico dio luz verde por unanimidad a una tercera ley este verano, idéntica a esta segunda propuesta y que también está en el Congreso pendiente de tramitación.

   El pasado mes de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez envió un escrito al Congreso para ratificar su "cambio de criterio" sobre la ley de transferencia de la AP-9, en concreto, a la primera aprobada por la Cámara gallega, es decir, al texto que incluye el rescate.

   Como el Ejecutivo socialista levantó los vetos sobre todas las propuestas que estaban pendientes, y es la más antigua que remitió el Parlamento gallego, la lista de espera es escasa y únicamente tiene por delante un texto de la Región de Murcia.

POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS

   El conjunto del Parlamento de Galicia ha expresado hasta en tres ocasiones (y en otros textos no legislativos) su unanimidad a favor de esta transferencia, pero no es la primera vez que esto no impide que en el Congreso PP o PSOE votan distinto a lo que hicieron sus compañeros en Galicia, como ocurrió con el traspaso de las competencias de la Policía Autonómica.

   En aquella ocasión, en septiembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP en la Xunta, los socialistas votaron que no en el Congreso de los Diputados y los populares, que tenían en su mano lograr la tramitación del traspaso votando que sí, optaron por la abstención.

   En cuanto a la transferencia de la AP-9, el PSdeG y el PPdeG no han concretado por ahora qué voto tendrán los diputados nacionales. Se da la misma situación que hace ocho años: un gobierno socialista en minoría y un PP que puede tener la llave de que salga adelante, aunque hasta ahora lo vetó en Madrid. Por su parte, En Marea y BNG apelan a la responsabilidad de sacar adelante esta iniciativa.

EL BNG PODRÁ DEFENDER SU PROPUESTA

   Se da la circunstancia de que el BNG podrá defender esta propuesta --que partió de una iniciativa legislativa promovida por los nacionalistas--, ya que en marzo de 2016, aunque en las urnas había quedado como cuarta fuerza política, las escisiones de AGE (semilla de la ahora En Marea), encumbraron al Bloque a tercer grupo con más diputados en la Cámara gallega.

   Así, la delegación escogida en marzo de 2016 fue de Jesús Goldar (PPdeG), Raúl Fernández (PSdeG) y Ana Pontón (BNG). Como Fernández y Pontón siguen siendo diputados, el único que por ahora tiene que ser sustituido es el popular Goldar, ya que en este momento no forma parte de la Cámara gallega.

   Por su parte, En Marea, que es segunda fuerza política en la Cámara actualmente y que sí tenía representación en la otra iniciativa aprobada, se quedará fuera del debate, aunque cuenta en el Congreso con representación dentro del grupo confederal.

Contador