Touriño cree que cumple la legalidad y descarga en el Gobierno "y no en ningún órgano" la definición de la política energética
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consello de la Xunta dio hoy luz verde al decreto eólico, en el que se establece que la participación pública, pese a no ser obligatoria, podrá valorarse hasta en un 30 por ciento a la hora de asignar los nuevos proyectos. Esta medida cuenta con el rechazo del sector, que ve avaladas sus reivindicaciones en los informes de la Asesoría Xurídica del Gobierno gallego y del Consello Consultivo.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, el presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, defendió la nueva norma como garantía de la harmonización de "las necesidades medioambientales con las económicas y con el retorno social". Así, aunque admitió la posibilidad de que el sector recurra a la vía judicial, reafirmó su convicción de que "cumple con todos los requisitos legales".
"El tiempo dirá quién tiene la razón", opinó y añadió que el texto definitivo recoge "de manera sustancial la mayor parte" de los requerimientos realizados por el Consello Consultivo. Con todo, enfatizó que le corresponde al Gobierno establecer los criterios de política energética y apostilló que "no la va a fijar ningún órgano".
El informe --no vinculante-- de este organismo censuraba que la participación pública sea tenida en cuenta a la hora de autorizar los parques, aunque esté introducida no como criterio obligatorio, sino voluntario. En el proyecto inicial del departamento de Fernando Blanco, la presencia pública era obligatoria y ascendía, como mínimo, al 10 por ciento.
DERECHOS PREFERENTES.
Además, el Consello Consultivo reconocía los derechos preferentes de las empresas eólicas que ya están operando en la comunidad. En este aspecto, la norma establece que la primera orden de convocatoria reservará una cuota de potencia para aquellos promotores que fueron titulares de un plan y que, por motivos de planificación, no pudieron desarrollar la potencia prevista o estimada.
De todos modos, Touriño puso en valor este nuevo marco legal, que permitirá cumplir el objetivo de la Xunta de que en 2012 estén autorizados un total de 6.500 megavatios de potencia eólica instalada. Asimismo, esgrimió la "transparencia" que introduce a la hora de adjudicar los parques y puntualizó que una orden deberá materializar "con más precisión" algunos de los aspectos del decreto.
El texto suprime los conceptos de plan eólico empresarial, parque eólico singular y parque eólico individual, e introduce el término de Área de Desarrollo Eólico (ADE), como base territorial de la implantación del nuevo modelo. También busca la viabilidad tecnológica y financiera de los proyectos, de forma que la nueva potencia instalada "garantice la estabilidad del sistema" y genere valor para propietarios y gestores.
