Consello.- Los propietarios de fincas abandonadas podrán ser sancionados con gravámenes de 600 a 6.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural podrá sancionar con gravámenes de 600 a 6.000 euros a los propietarios de fincas que estén abandonadas, según recoge el proyecto de ley por el cual se crea el Banco de Terras, que fue aprobado hoy por el Consello de la Xunta y que pretende acabar con el importante porcentaje de superficie productiva en el rural que no está cultivada.

Así, el proyecto de ley recoge sanciones de 600 euros en los casos de infracciones leves; de hasta 3.000 euros para infracciones graves y multas de hasta 6.000 euros para penalizar faltas muy graves. La finalidad es evitar la pérdida de superficie agraria útil y recuperar la que se perdió en los últimos años, así como agilizar las labores preventivas y de extinción de incendios forestales.

Medio Rural destaca que en ningún caso la medida tiene "afán recaudatorio ni intimidatorio", de forma que el tramo de multas más elevado, de 3.000 a 6.000 euros sólo prevé que se aplique en casos muy puntuales que presentan una extrema gravedad de los que se derivase una responsabilidad civil, como que se hayan puesto en peligro vidas humanas.

En Europa, el 50% de la tierra está cultivada, mientras que en Galicia este ratio se reduce al 26%, según resaltó hoy el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Para invertir esta tendencia, la Xunta decidió crear el Fondo de Terras de Galicia, donde se integrarán las fincas que están abandonadas o en desuso y que podrían ser destinadas a las actividad agroganadera.

Para gestionar este fondo, también se constituirá el Banco de Terras de Galicia (Bantegal), una sociedad pública autonómica que se encargará de intermediar para facilitar el arrendamiento de las fincas. Touriño defendió este proyecto legislativo como "de alto interés", ya que "el mercado de la tierra es uno de los elementos de mayor interés y más limitadores de la modernización agraria del país".

SUPERAR OBSTÁCULOS

El presidente gallego argumentó que "los precios altísimos de la tierra, la fragmentación y la imposibilidad de movilizar tierra" supusieron "un obstáculo histórico" en Galicia, hasta el punto de que la superficie agraria útil se redujo "dramáticamente" y lamentó que la estructura minifundista de la propiedad que se da en Galicia no haya centrado "ninguna medida" por parte de los anteriores gobiernos.

Asimismo, Touriño explicó que el proyecto de ley de medidas administrativas y tributarias para la conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Terras "bebe" de la experiencia de otros países europeos, "especialmente Francia", con el objetivo fundamental de "movilizar la tierra".

Tras dejar claro que la Administración asumirá una función de "intermediación" para limitar la existencia de tierras improductivas y que "se garantiza que no se pierda la propiedad" de las fincas, el mandatario gallego subrayó que Galicia no puede ser competitiva "si el acceso a la tierra es imposible" debido a que una parcela es "imposible de pagar para los ganaderos".

Así, en virtud del nuevo marco legislativo, entes públicos y particulares podrán ceder o alquilar por un periodo mínimo de cinco años y máximo de 30 el aprovechamiento de los predios que estén situados en zonas de especial interés agrario.

No obstante, la ley también prevé la incorporación al Banco de Terras en caso de predios incultos o abandonados. Para animar a los propietarios a acogerse a este sistema, las tierras que sean recuperadas para la producción quedarán exentas de pagar el impuesto de transmisión patrimonial si luego fuesen vendidas.

200.000 HECTÁREAS EN UNA DÉCADA

La previsión del departamento de Medio Rural es que este mismo año se pongan a producir entre 5.000 y 10.000 hectáreas de terreno agrario útil que en la actualidad está abandonado en toda Galicia. El objetivo es ampliar esta cifra a 200.000 hectáreas en la próxima década.

Por su parte, la Vicepresidencia de la Xunta también aplaudió la aprobación de la Lei do Banco de Terras, ya que entre sus principios básicos está "el respeto y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres". Por ello, este departamento mostró su convencimiento de que este nuevo marco legislativo contribuirá a la igualdad real entre sexos en el sector agrario gallego, que define como "crucial" para el desarrollo de Galicia.