Consello.- El Servicio de Transporte Adaptado costará 33 millones anuales y estará "plenamente vigente" en 2009

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Transporte Adaptado para trasladar a personas con discapacidad o dependientes, conocido como el 065 social, contará con un coste anual consolidado de 33 millones de euros y prevé estar "plenamente vigente" en 2009, si bien este mismo ejercicio obtendrá una inversión de implantación seis millones.

Así lo avanzó hoy el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, en la rueda de prensa posterior al Consello en el que se dio luz verde al decreto que regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad Personal, cuya materialización requirió la intervención del propio presidente.

Nueve días después de la reunión mantenida por Touriño con el vicepresidente autonómico, Anxo Quintana, para desbloquear esta apuesta, el bipartito aprobó esta normativa incluida en la Ley de Dependencia: "Si no se configurase esta oferta, las personas imposibilitadas para usar el transporte público quedarían de facto fuera" de los servicios incluidos en la legislación elaborada por el Ministerio de Trabajo.

En este sentido, el decreto precisa que los potenciales usuarios deberán acreditar su incapacidad para utilizar la oferta pública y padecer un grado de dependencia catalogado o un nivel de minusvalía superior al 65 por ciento. En consecuencia, se trata de un "transporte a la demanda, no regular", que deberá ser requerido.

CENTRO DE LLAMADAS

Para ello, Touriño avanzó la activación de un centro de llamadas al que los viajeros deberán dirigirse, siempre que cuenten con una tarjeta de identificación que pruebe su vinculación. "Es la garantía de que se cumplen los requisitos para acceder a este servicio", explicó, si bien añadió que, por el momento, es "imposible" cuantificar el número de personas que podría solicitarlo.

No obstante, el presidente puntualizó que "no se trata de un servicio regular de transporte, que ya existe", sino de una oferta para trasladar a las personas que no pueden emplearlo a centros de servicios sociales como residencias, a actividades de carácter formativo o a tratamientos cuando el desplazamiento no competa al sistema sanitario. "Es un proyecto contra la exclusión social y evitar que nadie quede fuera del sistema", aseveró.

A mayores, tras la expectación suscitada por su encuentro con Quintana para abordar su puesta en marcha, el dirigente autonómico ironizó esta mañana con que "nunca un decreto había sido tan famoso" y restó trascendencia a su tramitación.

TRÁMITES

Así, mantuvo que se trata de una medida "prevista desde el primer momento" y añadió que "lo que hubo son trámites" encaminados a "garantizar que es eficaz y está bien tipificada". En consecuencia, preguntado por las supuestas divergencias con Vicepresidencia en torno al coste, aclaró que la única polémica se encuadró en un "debate técnico para aquilatar cómo prestar mejor este servicio".

Por ello, subrayó que la aprobación de hoy demuestra que el bipartito "está dispuesto" a activarlo, aunque puntualizó que esta voluntad se encuentra a expensas de "las disponibilidades presupuestarias". "No hay una ley que garantice un servicio universal, es para quien acredite un número determinado de requisitos", declaró.

En este sentido, la determinación del porcentaje de participación de los usuarios en la financiación estará determinada por la capacidad económica personal, si bien será gratuito para aquellos con ingresos iguales o inferiores al 75 por ciento del IPREM.