Empleados bancarios admiten las irregularidades en la trama de las 5 Jotas

Juicio contra empleados bancarios por la trama 5 Jotas
EUROPA PRESS
Publicado 22/10/2018 15:42:21CET

   VIGO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Varios empleados de sucursales bancarias de Vigo han admitido este lunes haber cometido delito de falsedad en documento mercantil en relación con las irregularidades de la conocida como trama de las 5 Jotas, cuyo cabecilla, José Manuel Costas, ha insistido ante la juez en que la mayor parte de directores, subdirectores, interventores y cajeros de los bancos se lo "consentían todo", puesto que sus movimientos de grandes cantidades de dinero ayudaban a las oficinas a cubrir sus objetivos y a los empleados a "ascender".

   Este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados, en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, José Manuel Costas y 11 empleados de sucursales de La Caixa, BBVA, Banco de Galicia y Banesto, acusados por la Fiscalía de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por promover o consentir operaciones bancarias irregulares.

   Así, supuestamente se le permitía al administrador del grupo 5 Jotas abrir cuentas bancarias a nombre de otras personas sin el conocimiento o consentimiento de éstas. El propio José Manuel Costas falseaba las firmas de los supuestos titulares, y realizaba a su antojo movimientos de ingreso y reintegro de grandes cantidades de dinero, incluyendo cheques y pagarés, en todas las oficinas, salvo en el caso de la sucursal de Banesto, donde las cantidades eran muy inferiores.

   Cinco de los empleados bancarios acusados (los de las sucursales de La Caixa y BBVA), además del propio Costas, han reconocido los hechos, por lo que previsiblemente el ministerio público modificará su petición de penas. Así, el Fiscal reclama inicialmente dos años y medio de prisión para los trabajadores de las sucursales, pero fuentes jurídicas apuntan que, para aquellos que reconocieron los hechos, la pena se reducirá a 9 meses de prisión.

   En el caso de José Manuel Costas, le correspondería una pena de dos años pero dado que acumula un sinfín de condenas por esta trama (hay más de 80 sentencias, y todavía quedan entorno a una decena de juicios por celebrar), y lo máximo que se le puede imponer es el triple de la condena más alta, 6 años de cárcel, el Fiscal declara que no se le imponga pena efectiva porque está "agotada la punición" por ese delito continuado.

   El juicio que ha comenzado este lunes en Vigo es el primero en el que Costas está presente después de haber sido detenido en Portugal, en junio pasado, tras una fuga de dos años.

NIEGAN LOS HECHOS

   Por su parte, los directivos acusados del antiguo Banco de Galicia (ahora Banco Santander), así como las del Banesto (ahora también del grupo Santander) negaron los delitos que se les atribuyen.

   Así, tanto los que fueron directores, J.V.I. y A.F.G., como el interventor de la oficina del Banco de Galicia de la Avenida Ramón Nieto, C.M.C.M., negaron haber consentido o promovido operaciones fraudulentas o irregularidades en la apertura de cuentas y movimientos de dinero de esas cuentas.

   Todos estos empleados han mantenido que desconocían que José Manuel Costas había abierto varias cuentas a nombre de sus empleados, algunos de ellos de nacionalidad rumana, pero que él mismo realizaba las operaciones. También han incidido en que no tenían constancia de que el administrador de las 5 Jotas falseara firmas para cobrar o ingresar dinero.

   Los empleados de Banco de Galicia han señalado todos a la misma persona, un trabajador de la sucursal que hacía las labores de cajero. No obstante, el interventor C.M.C.M., ha reconocido que había una "confianza excesiva" en José Manuel Costas y, en el momento en que uno de los empleados rumanos del grupo se dirigió al banco para alertar de que no había autorizado una cuenta a su nombre, se cancelaron todas las cuentas abiertas por el empresario vigués. "Ahí nos dimos cuenta de que Costas nos había engañado", ha justificado.

   En el caso de la oficina de Banesto, situada en Teis, las trabajadoras acusadas han señalado que los movimientos de dinero realizados en las cuentas de los trabajadores de las 5 Jotas eran "irrelevantes" por tratarse de cantidades muy pequeñas. Así, se trataba de pequeños ingresos para satisfacer las cuotas de autónomos de esos empleados y, de hecho, el propio Costas, ha proclamado ante la jueza que esa sucursal y esas acusadas "no tienen nada que ver" con la trama fraudulenta.

DECLARACIÓN DE COSTAS

   Con respecto al resto de acusados, el administrador de las 5 Jotas ha insistido en que hizo operaciones bancarias con ellos, que conocían su actuación y le consentían "todo": abrir cuentas a nombre de otras personas, realizar movimientos a su antojo, y otras irregularidades. "Nosotros movíamos mucho dinero, a ellos les venía bien, cubrían sus espaldas, tapaban sus huecos y además, ascendían", ha aseverado.

   Según José Manuel Costas, todos los acusados estaban al tanto de cómo se manejaba y sabían que, aunque las cuentas estaban a nombre de sus empleados, el dinero era de él. "Los titulares de las cuentas nunca me acompañaban, iban yo, y a veces firmaba tacos enteros", ha añadido.

EL MAYOR FRAUDE FISCAL EN GALICIA

   José Manuel Costas es considerado el cabecilla de la trama de fraude fiscal más importante destapada en Galicia y, tras una sucesión de condenas y más de 80 juicios celebrados, ha vuelto a sentarse en el banquillo después de haber estado fugado dos años --entre julio de 2016 y junio de 2018--.

   Además de las irregularidades en operaciones bancarias por el falseamiento de documentos mercantiles, el grupo 5 Jotas está vinculado a la emisión de facturas falsas para diferentes empresas y se estima que el fraude a la Hacienda Pública ronda los 11 millones de euros --la facturación del grupo alcanzó los 150 millones--.

   En esta compleja causa, en la que también han estado involucrados varios familiares de Costas, la mayor condena recayó sobre el responsable de una de las empresas implicadas, la consultoría Darzal. Así, un juzgado vigués condenó a su responsable a 26 años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.