OURENSE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La que fuera concejala de Personal en el Ayuntamiento de Xinzo entre 2011 y 2013, Montserrat Lama, ha señalado este martes que "Alcaldía era quien proponía a quién se contrataba" y que ella "firmaba los informes que le pasaban" porque "entendía que se había hecho un proceso de selección".
Así lo ha defendido durante la segunda jornada del juicio contra el regidor Antonio Pérez, acusado de un supuesto delito de prevaricación por contratar a trabajadores sin concurso público desoyendo presuntamente las advertencias de Secretaría e Intervención.
En relación a la presencia de su firma en uno de los contratos denunciados, Lama ha insistido en que "Personal no llevaba las contrataciones" sino las vacaciones y organización de turnos de trabajo, y que era el alcalde quien le había entregado el documento para que lo firmara.
"Me llamaba el alcalde a mi despacho y me pedía que me pusiera en contacto con la gestoría para realizar un contrato con una persona determinada y por un tiempo determinado", ha explicado la actual responsable de Transparencia y Gobierno Abierto en la Diputación de Ourense.
Lama también ha rechazado tener "responsabilidades" a la hora de comprobar si se respetaban los principios de mérito a través de un concurso público porque "siempre se dijo que la máxima responsabilidad (de las contrataciones) la tenía Alcaldía". Sin embargo, ha reconocido que en las juntas de gobierno "alguna vez se dijo" que alguien en concreto "era la persona más favorable" para un puesto.
Por otra parte, "no recuerda" si en estas reuniones se llegó a comentar que el proceso de selección tenía que someterse a concurso público, aunque sí ha reconocido que "algo se pudo decir" de la entrada en vigor del Real Decreto 20/2011, que veta las contrataciones a nivel municipal salvo en casos excepcionales o necesidades urgentes.
LAMA: "VENGO A DECLARAR LIBREMENTE"
En su declaración, Lama ha rechazado tener ninguna enemistad con el acusado, aunque ha defendido que "tenemos formas de hacer política muy distintas". "Yo vengo a declarar libremente, no sé si otros harán lo mismo", ha remachado.
"El alcalde firmaba todo lo que le pasaba el secretario", ha dicho el concejal de obras entre 2011 y 2013, Antonio Fernández. En esta línea ha considerado que Antonio Pérez actuaba "de buena fe, convencido de que el secretario lo hacía bien" y que las actas de reprobación por la irregularidad del proceso selectivo se realizaron a posteriori "tal y como acreditan las fechas de los informes en el ordenador de Secretaría".
El exconcejal ha explicado que las contrataciones se trataban en una ronda de intervenciones tras la junta de gobierno y que los concejales "no proponían a nadie", aunque "a lo mejor sí preguntaban" si se podía renovar a una persona en concreto.
URGENCIA DE LAS CONTRATACIONES
También ha justificado la "urgencia" en la contratación tras la jubilación de un trabajador del Ayuntamiento por "la importancia" del puesto desempeñado.
Uno de los beneficiarios de los contratos irregulares, que trabajó en el departamento de Medio Ambiente y fue delegado sindical, no supo explicar el contenido de su contrato porque "lo firmó sin leerlo". Tampoco supo cómo consiguió la plaza, aunque recordó que fue a firmar el acuerdo al despacho de la concejala de Personal, Montserrat Lama.
Otra de las trabajadoras, que encadenó dos contrataciones en el CEIP Rosalía de Castro, ha explicado que "no tuvo que hacer examen o entrevista", ni entregó documentación alguna en ninguno de los dos casos.
También ha relatado que la concejala de Personal le dijo que había una plaza y le preguntó si estaba interesada en el puesto. "Dijeron que me daban la plaza", ha relatado a la defensa.
PETICIÓN DE DIEZ AÑOS DE INHABILITACIÓN
Antonio Pérez, alcalde electo por el PP pero de baja del partido tras el auto de apertura del juicio oral, se enfrenta a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el abono de las costas procesales por considerarlo "responsable en concepto de autor" de un delito continuado de prevaricación.
Los hechos tuvieron lugar entre los años 2011 y 2013 cuando, según el escrito de Fiscalía, el regidor realizó contratos, por decreto o directamente, sin que en ningún momento se atendiese el cumplimiento de "los principios constitucionales" de concurso u oposición para elegir a los trabajadores por su "mérito y capacidad".
