Asegura, como otros especialistas, que está demostrado "plenamente" que la drogadicción es una enfermedad
LUGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La falta de políticas de intervención ante el consumo de alcohol hacen que Chile pierda 3.000 millones de dólares, según precisó hoy en Lugo el médico psiquiatra chileno y ex director de tratamiento del organismo responsable de las políticas de drogas en este país, (Conace), Mariano Montenegro.
En la jornada de clausura de la 'Cumbre de Alcaldes y Ciudades sobre Drogas en Europa, América Latina y El Caribe', que desde el pasado miércoles se celebra en Lugo, Montenegro defendió el coste de las políticas de intervención ante las distintas drogadicciones.
"La conclusión de fondo es que la inversión versus lo que retorna, es coste efectivo y coste beneficio. Nosotros tenemos cuantificados todos los programas y también estudios de impacto y resultado frente a esa intervención", sostuvo.
De esas cuantificaciones se deduce, a su juicio, que "el retorno es mucho más alto, porque hay menos gatos en salud, en seguridad, menos tragedias familiares y, de paso, se logra más productividad, más inserción social y se reincorporan los adictos a la cadena productiva". "Dejan de gastar y empiezan a contribuir con la producción y los impuestos", remarcó.
Además, como médico psiquiatra, se pronunció en la misma línea que otros ponentes en esta cumbre al concluir que está demostrado "plenamente" que la drogadicción es una enfermedad. Por eso dijo que en Chile lograron diferenciar "claramente" lo que es un delito de lo que es un problema de salud pública.
LUCRO
En este sentido apostilló que el delito es cuando existe "lucro" en base al daño de otros, en tanto que el consumo "es un problema de salud pública".
Asimismo, en su intervención quiso dejar claro que cuando el consumo se convierte en adicción es una enfermedad "tratable y, aunque recurrente, solucionable y manejable; por lo tanto, tiene que quedar en la competencia de la salud pública y nunca sacarlo de ahí", subrayó.
Según matizó, Chile está "absolutamente en contra" de penalizar el consumo privado, porque cuando se llega a esa situación, "lo único que se genera es que los pacientes se escondan y tarden mucho más en pedir ayuda y tener acceso a los servicios de salud, lo que hace que se encarezca muchísimo más la situación". "Cuando uno penaliza el consumo los empuja, probablemente, a delinquir en otras cosas", concluyó.
