El fallo del TC sobre la ley de derecho civil de Galicia suma "inseguridad jurídica", según el catedrático Bello Janeiro

Actualizado: miércoles, 20 diciembre 2017 20:01

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Domingo Bello Janeiro ha advertido de que los proceso de adopciones en Galicia quedan en una situación de "inseguridad jurídica", después de que el Tribunal Constitucional haya anulado todo lo relativo a adopciones y autotutela.

Esta situación se suma a la que ya existe con la disposición adicional tercera de la normativa, la que equipara el matrimonio con las parejas de hecho a efectos de la aplicación de la ley de derecho civil.

En este caso, ha explicado el experto a Europa Press, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) plantea un pleito de inconstitucionalidad cada vez que llega un caso a sus manos, como podría ser la tutela de un hijo en caso de separación de una pareja no casada.

Bello Janeiro ha recordado, además, la "asimetría" con otras comunidades, como es el caso catalán, como así recoge también el voto particular promovido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, en el que advierte de que puede pensarse que hay distinta "vara" de medir en función de la comunidad autónoma.

DIFERENTES LEGISLACIONES

De hecho, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anuló el recurso de inconstitucionalidad presentado por el ejecutivo de José María Aznar (2003) contra la ley de derecho civil catalana, que regula las adopciones, cuestión que ahora no se permite a Galicia.

Sin embargo, en 2007, y cuando en Galicia gobernaban socialistas y nacionalistas, el Gobierno de Zapatero recurrió la ley gallega de derecho civil, consecuencia de lo cual ahora ha quedado anulada, once años después de ser aprobada por unanimidad de la Cámara --PP, PSdeG y BNG--.

Con la mirada puesta en el futuro, Bello Janeiro ha sostenido que el Parlamento de Galicia, tras esta sentencia "clara", debería llevar a cabo "una nueva regulación" de acuerdo con las competencias reconocidas por el Constitucional a la Comunidad gallega.

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