SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) censuró hoy los proyectos legislativos de Vivienda y de Servicios Sociales, ambos impulsados por departamentos autonómicos del BNG, por considerar que "atentan" contra la autonomía municipal y exigió a ambas áreas del Gobierno gallego que abran vías de diálogo para recoger las demandas de los ayuntamientos.
En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fegamp, su presidente, el socialista Carlos Fernández, afirmó que la futura Ley de Vivienda, junto con el Decreto de Habitabilidad y la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, es "un atentado contra la autonomía municipal" porque podría "colisionar" con los planes de ordenación urbanística de los ayuntamientos.
A modo de ejemplo, explicó que la aprobación del Decreto de Habitabilidad aprobó una altura máxima para las plantas intermedias de los edificios que puede exceder el límite marcado en los planes urbanísticos municipales, con lo que los ayuntamientos o pierden una planta completa o incumplen el plan.
Asimismo, Carlos Fernández se mostró contrario a que "todos los sectores urbanizables" tengan que reservar para vivienda protegida el 40 por ciento de los inmuebles, una medida que, a su juicio, es "desajustada" y desproporcionada". Frente a ello, la Fegamp propuso que se dedique ese 40 por ciento a vivienda protegida en todo el plan urbanístico, pero "no en todos y cada uno de los sectores". "Habrá sectores que puedan cumplir el 100 por ciento y otros que no puedan soportar ese porcentaje por su baja densidad de edificación", apuntó.
Por todo ello, la comisión ejecutiva de la federación aprobó un "preinforme" sobre el anteproyecto de la Ley de la Vivienda para que, a partir de él, "se abra un espacio de diálogo" con el departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas y que, según resaltó, "hasta ahora fue imposible".
"MANGUITOS Y VISERAS".
De igual modo, Carlos Fernández lamentó que la Vicepresidencia de la Xunta redactase el anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales "de forma unilateral" y exigió que la Administración autonómica "no pase del poder local o lo entienda como subsidiario de la misma".
"Sólo nos quedaría poner manguitos y viseras para cuadrar las cuentas que otros nos imponen", ironizó. No obstante, rechazó que los ayuntamientos estén en contra de destinar el 7 por ciento de sus presupuestos a servicios sociales, como prevé la normativa, porque "casi seguro que los municipios exceden ese porcentaje porque son sustento básico para la prestación de servicios sociales".
Así, manifestó que "es muy fácil decir que los ayuntamientos quieren más ladrillo y más hormigón que servicios sociales", pero puntualizó que "eso no es cierto". Según destacó, "lo que se discute no es una cuantía mayor o menor", sino que se "interfiera en los presupuestos y además desde una administración que no es superior desde una perspectiva jerárquica". "Los ayuntamientos somos otra administración distinta y otro poder distinto. Tenemos competencias y autonomía y la vamos a defender con uñas y dientes", proclamó.
MANO TENDIDA.
Por ello, lamentó que una ley tan importante como esta haya comenzado a andar sin contar con la Fegamp, pese a que "tiene aspectos y avances importantes", según apostilló. Sin embargo, la Fegamp entiende que la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el pasado 30 de enero, para presentar alegaciones "no puede sustituir el trámite de audiencia específico a las entidades locales en relación con los proyectos que afectan al ámbito de sus competencias".
"Claro que estamos interesados en presentar alegaciones, pero rechazamos esta fórmula para presentar nuestras sugerencias", afirmó Fernández, tras recordar que "hace unos días" le remitió una carta al vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, en la que manifestaba la "profunda inquietud" del municipalismo gallego por no ser consultado para elaborar la normativa.
En ese sentido, concluyó que el proceso de elaboración de la ley "no fue respetuoso" con el poder local porque "no se le dio intermediación" e instó al vicepresidente de la Xunta a "llegar a un acuerdo" con el poder local. Al respecto, garantizó que la Fegamp "tiende la mano con buenas formas y de buenas maneras", pero "con la contundencia que le da los argumentos de peso que tienen".
DEPARTAMENTOS NACIONALISTAS.
El presidente de la Fegamp destacó que "coincide" que tanto la Consellería de Vivenda como la Vicepresidencia de la Xunta están dirigidas por el BNG y se preguntó si hay la intención de que la federación "no tenga tanta participación". Frente a eso, recordó que el municipalismo "debe ser escuchado" y recalcó que todos los acuerdos a los que hoy llegó la federación se aprobaron "por consenso, aunque con algunas matizaciones del portavoz nacionalista".
Entre estos acuerdos, Fernández detalló también que la próxima semana continuarán las negociaciones con la Dirección Xeral de Protección Civil para redistribuir de forma "racional" los Grupos Municipales de Intervención Rápida (GRUMIR).
Al respecto, recordó que "no habrá GRUMIR en las zonas en las que existan parques de bomberos, para que "no se solapen dos estructuras que tienen funciones semejantes". Del mismo modo, recalcó que el reparto "favorecerá" a las provincias de Lugo y Ourense, porque son las que tienen "menos atención para hacer frente a posibles dificultades".
Finalmente, Carlos Fernández afirmó que la FEGAMP debatirá en la próxima reunión de la federación si los ayuntamientos deben gestionar directamente las galescolas, después de que ayer PSdeG y PP votaran en contra de la integración de una escuela infantil de Lugo en la red de 'galescolas'. "Los ayuntamientos que quieren la gestión directa tiene serias dificultades", recalcó.
Además, explicó que algunos ayuntamientos, como el de Ames (A Coruña), del que él mismo es alcalde, quieren gestionar las guarderías, pero "sin que eso signifique una merma de la subvención anual que facilita la Xunta". En ese sentido, desveló que el ayuntamiento de Ames "ya tiene noticia" de que se recibirá este año una ayuda menor que el pasado ejercicio.