SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista Greenpeace acusó hoy al Gobierno de ocultar información acerca de las ayudas y las sanciones aplicadas a la empresa gallega Vidal Armadores S.A., a la que denunció por "pesca ilegal" ante la Audiencia Nacional, y pidió al Ejecutivo las copias de los expedientes relacionados con la compañía, localizada en Ribeira (A Coruña).
La portavoz de la asociación, María José Caballero, aseguró que "el Gobierno está ocultando información sobre las ayudas concedidas a esta empresa y sobre las actuaciones emprendidas contra ella, tal como se desprende de las contradicciones que existen en los comunicados de prensa del Ministerio --de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural-- sobre este caso". "Exigimos el acceso a los documentos originales que prueben las alegaciones del Gobierno", agregó.
Entre los expedientes solicitados formalmente esta mañana, se encuentran los correspondientes a las sanciones que el Gobierno asegura haber impuesto a la compañía y los de la concesión de las ayudas --un total de 3,6 millones-- a la empresa.
Además, pide que le sean remitidos los informes elaborados por los observadores del Instituto Español de Oceanografía que denunciaron la participación de uno de los buques de Vidal Armadores en una "operación ilegal de trasbordo" con barcos "incluidos en las listas internacionales de buques piratas".
Greenpeace reclama también las copias de las cartas remitidas por España a la Comisión Europea en respuesta a las denuncias de Bruselas sobre la concesión de ayudas a empresas vinculadas a actividades ilegales de pesca e información sobre las acciones legales contra ciudadanos españoles involucrados en dichas actividades ilícitas a bordo de barcos de la armadora de Ribeira. Por último los ecologistas quieren tener acceso a la autorización para un fletamiento en Namibia concedido en 2008 a un barco propiedad de esta empresa.
La asociación denunció a Vidal Armadores ante la Audiencia Nacional el pasado 5 de marzo y pidió una "investigación completa" de la empresa y de la "asignación de, al menos, 3,6 millones de euros de fondos públicos", a pesar de "su conocido historial de piratería".
