Un informe de la Xunta destaca la "procedencia y pulcritud" en la adjudicación de la Vía de O Barbanza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, hizo público hoy un informe solicitado a la Asesoría Xurídica de la Xunta en el que se destaca la "procedencia y pulcritud" del método usado por la mesa de adjudicación para la Autovía de O Barbanza, de tal forma que "queda garantizada" la transparencia del proceso.

En su comparecencia en la comisión de Política Territorial del Parlamento, la conselleira subrayó "la legalidad, transparencia y limpieza del proceso" de adjudicación, incluyendo la contratación de un segundo informe que, según ella, no fue sacado a concurso público por su urgencia y "por razón de su importe", ya que era inferior a 30.000 euros.

Precisamente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz, denunció que el Gobierno gallego "cambió la valoración" a las empresas en el proceso de adjudicación "a través de TT&U", la empresa que realizó el segundo informe y que, según el PP, tiene una "relación directa y profesional" con la actual titular de la Consellería de Política Territorial, a la que reclamaron su dimisión.

Así, los populares explicaron que el administrador único de TT&U, Tomás Fernández, fue el responsable del área de análisis e infraestructuras en el equipo propuesto por Consultora Galega para la elaboración del PGOM de Vigo, por lo que era "el jefe" de Caride, quien fue la encargada del área de infraestructuras de la comunicación.

"No creo que haya un sólo ciudadano gallego que crea que tengo algo que ver con el PGOM de Vigo", replicó Caride, que también aseguró que no tiene "relación personal ni familiar ni profesional con ninguna empresa relacionada directa o indirectamente" con la adjudicación de la Vía de O Barbanza. Por ello, reclamó a Manuel Ruiz que "vaya a los tribunales y deje de hacer ruido".

DEFENSA DE LA ADJUDICACIÓN.

En todo momento, la responsable gallega de Obras Públicas defendió la "legalidad, transparencia y limpieza del proceso" adjudicador de las obras y aseguró que la oferta ganadora, de Itinere-Caixa Galicia, es "la más segura, con más calidad y no cuesta más".

En ese sentido, insistió en que el sobrecoste para la administración será de 46.417 euros respecto a la mejor oferta económica y enfatizó que la Xunta pagará lo mismo por una infraestructura "un 33 por ciento mejor que la otra, con más calidad y mejores parámetros de seguridad vial", ya que invertirá 26 millones de euros más que lo previsto por San José.

Frente a ello, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular insistió en que la adjudicación elegida costará entre 26 y 33 millones de euros más que otras propuestas e ironizó al respecto de los cálculos de la conselleira, al considerar que el responsable de la empresa adjudicataria debería "dimitir por inepto", ya que "invierte 26 millones de euros más y sólo gana 46.000 euros a mayores".

SEGUNDO INFORME.

Manuel Ruiz reclamó la "dimisión" de Caride porque consideró probado que "hubo trato de favor" a la empresa adjudicataria a través de la solicitud de un segundo informe, "que se contrató a dedo para que le dieran la razón". "Hicieron una auténtica cambalachada en contra del interés general", sentenció.

El diputado popular lamentó que sólo tres empresas optasen para elaborar el segundo informe y denunció que dos de ellas cuentan con el mismo apoderado. Además, consideró "raro, raro, raro" que el día en que la consellería le comunicó a TT&U que había sido elegida, "ya presentaron el aval y firmaron el contrato".

Además, aseguró que "se sigue dando trato de favor en la construcción de las obras", ya que interpretó que se ha cerrado completamente la vía "sólo para permitir que la empresa pueda acabar antes la obra". Asimismo, denunció que la empresa contratada para controlar las obras es filial de la adjudicataria, que recibió "un millón de euros para controlarse a si misma".

En ese sentido, la conselleira replicó que esta situación está establecida en el pliego de las cláusulas administrativas del contrato de concesión, que había elaborado el anterior gobierno del PP, de tal forma que la empresa es responsable de la ejecución de la obra y del control de la ejecución.

MAYOR SEGURIDAD.

La conselleira fue muy dura con los populares gallegos y, tras recordar que en la Vía Rápida fallecieron más de medio centenar de personas, interpretó que a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, parece que "lo único que le importaba era el coste" de la infraestructura. "Para este señor la seguridad y la vida de las personas no tiene valor", concluyó.

Asimismo, reclamó al PP que denuncie las irregularidades, si tan convencido está de que existen, o que si no "pida disculpas y deje este espectáculo de variedades en el que actúan". Finalmente, reclamó a su líder que explique "por qué tanto empeño en adjudicar esta obra a una empresa que con una inversión de 26 millones de euros menos costará como si invirtiese 26 millones más".

También el portavoz del Grupo Socialista, Ismael Rego, se preguntó "a dónde irían a parar" esos 26 millones que Constructora San José invertiría de menos respecto a Itinere-Caixa Galicia y acusó a los populares de querer seguir en esta adjudicación "el mismo modelo que en la Cidade da Cultura".

Por su parte, la diputada nacionalista Carme da Silva aseguró que su grupo sería el primero en pedir una investigación sobre la adjudicación si hubiese pruebas de alguna irregularidad y concluyó que "no hay indicios para justificar la actuación que está teniendo el PP".