Ha pasado por varias dependencias, como la oficina del jefe de protocolo del organismo provincial
LUGO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, que instruye la 'Operación Pokémon' entre otras causas, ha acudido en la mañana de este viernes a dependencias de la Diputación de Lugo a recabar información sobre el programa provincial de visitas 'Km 0'.
Según fuentes de esta institución consultadas por Europa Press, la magistrada ha acudido al despacho de Juan Carlos Fernández Pulpeiro, jefe de protocolo del organismo provincial, así como a otras dependencias.
De Lara llegó poco antes de las 9,30 horas acompañada de varios agentes a la Diputación de Lugo, donde ha pedido documentación sobre el programa 'Km 0' y el volcado de varios ordenadores de áreas como de Comunicación, Contratación y Relaciones Institucionales, según han confirmado fuentes de la institución.
De Lara ha abandonado la Diputación de Lugo sobre las 10,15 horas con una carpeta en la mano tras solicitar la citada información y volcado de ordenadores en la institución provincial.
Tras la marcha de la jueza Pilar de Lara este viernes en la sede de la institución provincial permanecieron cinco agentes que habían acompañado a la magistrada.
El pasado mes de julio agentes de la Policía Judicial habían acudido de nuevo a la Diputación de Lugo para recabar información complementaria sobre este programa de visitas 'Km 0'.
ANTERIOR VISITA JUDICIAL
Aquella visita judicial partía de una orden de la jueza de apoyo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Hortensia Bouso, en la que se había facilitado a los agentes toda la información que solicitaron.
En abril de 2013 el PP se había hecho eco de que varias personas ligadas con este programa de visitas, en parte financiado con fondos de la Unión Europea (UE), habían sido llamadas a declarar en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía, "a raíz de las denuncias de varios trabajadores", que supuestamente "incluirían acusaciones de relevancia penal y presuntos delitos de acoso laboral".
El Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital abrió diligencias sobre esta cuestión, si bien la Diputación negó "tajantemente" cuando trascendió la investigación de la Fiscalía la posibilidad de que hubiese malversación de fondos en la gestión del programa.
