También se ha citado para este viernes 10 al redactor jefe del plan de ordenación municipal
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número 1 de O Carballiño (Ourense) ha admitido a trámite la ampliación de la querella presentada contra el alcalde de Boborás (Ourense), Cipriano Caamaño, por un supuesto delito de falsificación documental, tráfico de influencias y delito contra la ordenación del territorio, en relación a la legalización de una vivienda de su propiedad.
El foco de la investigación es la supuesta falsificación de la documentación urbanística relativa a una parcela en el núcleo de A Almuzara, donde se habría certificado la existencia en 1999 de una vivienda que fue construida 10 años después.
Como consecuencia de esta ampliación de la querella, de la que ha informado Moveboborás, han sido citados a declarar en calidad de investigados la mujer del alcalde, M.C.C., y el redactor jefe del plan de ordenación municipal (PGOM), L.P.J.
La petición de ampliación de la querella fue presentada en diciemre del año pasado y admitida a trámite en enero de este año, siendo llamados a declarar ambos investigados el 27 de enero, aunque dichas declaraciones finalmente se suspendieron y se pospusieron hasta este viernes.
En la causa ya declaró en su día como imputado Caamaño, quien defendió en su día tener "la conciencia tranquila" y atribuyó la falsedad en documento público enunciada a "un error" del técnico municipal de urbanismo que escribió una certificación a catastro sobre la vivienda del regidor.
En su día, durante su declaración, el regidor afirmó que la fecha de 1999 está puesta por un error del técnico de urbanismo que escribió el documento a mano y atribuyó su firma al pie del documento a una "falsificación por alguien".
"ÁNIMO DE ALTERAR LA REALIDAD JURÍDICA"
El escrito de la acusación pública sostiene que el alcalde "emitió y firmó" en marzo de 2010 un certificado en que "hace constar" que una vivienda situada en una finca suya y de su esposa "está terminada desde 1999". La actuación del alcalde fue "a sabiendas de que faltaba a la verdad", esgrime.
Fiscalía considera que lo hizo con el "ánimo de alterar la realidad jurídica y permitir la inclusión de la finca" en el PGOM de Boborás, dentro del núcleo tradicional de A Almuzara, y "para permitir la legalización de esa construcción".
"Para ello presentó al catastro, por vía electrónica, una declaración para dar de alta la construcción urbana de dos plantas y 110 metros cuadrados, en la finca, y aportó la certificación en la que se indica como fecha de construcción el año 1999 a sabiendas de que dicha construcción fue posterior al año 2007", según el escrito.
