SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las negociaciones sobre la Ley de Cajas gallega continúan paradas a la espera de que el Gobierno central se ponga en contacto con la Xunta, algo que se había comprometido a hacer hoy, según fuentes del Ejecutivo autonómico, que confirmaron no haber recibido ninguna llamada del Estado sobre este asunto.
La Xunta esperaba ayer la llegada de un documento con la propuesta del Ejecutivo estatal y, tras señalar que no había recibido tal texto, el Gobierno español se comprometió con los responsables autonómicos a ponerse hoy en contacto con ellos con la intención de retomar el diálogo.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Política Territorial --encargado de las negociaciones con Galicia sobre la Ley de Cajas-- explicaron que no les constaba ningún contacto entre ambas partes en la jornada de hoy.
Por otro lado, el Diario Oficial de Galicia (DOG) informa hoy de la incoación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra diez preceptos de la Ley de Cajas de Galicia. Se trata de un trámite necesario, después de la publicación del edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, pero sin más implicaciones legales.
De hecho, el sábado quedaron suspendidos a todos los efectos los diez puntos de la ley --aprobada por PPdeG y BNG en la Cámara gallega-- impugnados, entre los que se encuentra el que se refiere a la renovación de las cúpulas, pero no el que establece las nuevas incompatibilidades y límites de edad para formar parte de las asambleas generales o consejos de administración de las cajas.
INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
Así las cosas, la Consellería de Facenda solicitó ayer un informe a los servicios jurídicos de la Xunta para conocer "cuál es exactamente" la situación de los consejeros de los órganos de dirección de las cajas gallegas y decidir si los que no cumplen los nuevos requisitos que establece la ley deben cesar en el cargo.
Fuentes de Facenda ratificaron hoy a Europa Press que siguen a la espera de las conclusiones de los servicios jurídicos y confían en que estén listas "en los próximos días". Asimismo, enmarcaron dentro de lo "habitual" esta consulta puesto que el Ejecutivo autonómico "tiene la obligación de saber qué ley tiene que aplicar".