A CORUÑA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP de la localidad coruñesa de Aranga consideró que la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en referencia a los terrenos en el Monte de Santiso, permitirán "poner luz y taquígrafos" en una actuación sobre la que "tanto el PSdeG como el BNG están intentando sacar rentabilidad política".
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denunció al alcalde de Aranga (A Coruña), Manuel Brañas Abad (PP), y a dos responsables de una empresa promotora por el uso de información privilegiada en la compra de unos terrenos que resultaron calcinados por incendios forestales en 2005 y que luego fueron recalificados para permitir la construcción en ellos.
En un comunicado, el PP afirmó que sus miembros son "los primeros interesados en que se aclare la situación" porque, a su juicio, el regidor de la localidad "es el más perjudicado" en una situación sobre la que "ahora corresponde al juez dictaminar la legalidad de todo el proceso".
"El PP tiene plena confianza en la Justicia y va a colaborar en todo lo que sea necesario porque entiende que este proceso va a servir para colocar a cada uno en su lugar, tras la apertura de un procedimiento en el que la presunción de inocencia ampara a los denunciados hasta que el juez realice las investigaciones y se pronuncie", apuntaron.
Además, informaron de que el PP de Aranga "va a ser respetuoso con todo el proceso" porque ahora corresponde al poder judicial pronunciarse para aclarar la situación, "como lo han hecho en numerosas ocasiones en las que las denuncias de los fiscales han sido archivadas, tras el correspondiente expediente judicial". "En este país, como en otros, no son los fiscales los que determinan la culpabilidad de nadie, sino que esta función le corresponde exclusivamente a los jueces", sentenciaron.
HECHOS
Según informó a Europa Press el portavoz de la Fiscalía del TSXG, José Ramón Piñol, para acusar al alcalde de Aranga y dos responsables de la empresa Promotora de Viviendas Urbanas, el ministerio público apela a tres artículos del Código Penal (284, 417 y 418) que se refieren a delitos de "violación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos" y el uso de información privilegiada aportada por un funcionario público o autoridad, así como la alteración de los precios del libre mercado.
Promotora de Viviendas Urbanas, que en los últimos años ha ido comprando diversas parcelas en el municipio de Aranga, es propiedad del empresario Manuel Collazo Mato, que a su vez tiene varios casinos, bingos y salones recreativos en España, Europa y la zona del Caribe.
