Los servicios jurídicos de la Diputación de Lugo estudian si el alcalde de Baralla vulneró la Ley de memoria histórica

El PP abandona la junta de portavoces por "falta de respeto" del PSOE y el gobierno incluirá una reprobación a Capón en el pleno de septiembre

Europa Press Galicia
Actualizado: viernes, 9 agosto 2013 15:36

LUGO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos de la Diputación de Lugo estudian si las declaraciones realizadas por el diputado provincial del PP y alcalde de Baralla, Manuel González Capón, sobre los crímenes del franquismo durante un pleno municipal, vulneran la Ley de memoria histórica.

Lo ha avanzado el vicepresidente primero del organismo provincial, el nacionalista Antonio Veiga, después de la reunión extraordinaria de la junta de portavoces que se convocó a instancias de éste y que la representante del Partido Popular, Elena Candia, abandonó al denunciar "falta de respeto" del portavoz socialista y alcalde de Becerreá Manuel Martínez.

El encuentro se ha despachado en apenas 10 minutos tras los cuales Candia se ha remitido a un comunicado de su partido y ha señalado que "si el grupo de gobierno lo decide llevar a un pleno", los populares se posicionarán "como corresponde".

Ha eludido la portavoz del PP contestar si había condenado los crímenes del franquismo, tal y como se había requerido por el gobierno bipartito, y se ha ceñido a que su partido tiene "una postura clara", de "respeto y solidaridad con las víctimas del franquismo". "Está todo dicho y no hay más que aclarar", ha zanjado. Con todo, sí ha opinado que las declaraciones del alcalde de Baralla fueron "desafortunadas".

A la vista del plantón, el gobierno provincial ha decidido incluir esta reprobación a Capón en un punto que se introducirá en el orden del día del pleno del mes de septiembre.

ABANDONO "INAUDITO"

La vicepresidenta segunda, la socialista Lara Méndez, que acudió a esta cita, ha calificado el abandono de "inaudito", puntualizando que con la junta de portavoces se pretendía dar por "zanjado" el asunto para que no fuera a pleno, lo que se quebró con la salida "airosa" de Candia.

El portavoz socialista ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el desaire se produjo después de que tratara de hacer ver a la representante popular que él mismo también fue objeto de la reprobación que llegaron a pedir los populares a Rubalcaba, a Pachi Vázquez y en el Parlamento de Galicia por llamar "palanganero" al portavoz del PP en su consistorio.

Manuel Martínez ha descrito el comportamiento de Candia como un "acto de cobardía política" y ha considerado que está inducido por el presidente de la Xunta, que, "en un acto también de cobardía política, decide utilizar el terrorismo contra Beiras", amparándose en que las declaraciones del regidor barallés llegaban durante el debate sobre una moción para condenar el terrorismo en Galicia.

"SE VOLVIÓ A BURLAR" DE LAS VÍCTIMAS

El vicepresidente Veiga ha acusado a Elena Candia, asimismo, de "volver a faltar al respeto a las víctimas gallegas de la dictadura franquista". De hecho, ha lamentado que con su conducta se burló de estas.

"Levantarse de una mesa, de un órgano democrático donde están representados todos los grupos políticos y se busca una solución a este conflicto... no hay más que ver la repercusión que tuvo... Desde luego, Elena Candia se volvió a burlar, ella y el PP, de todos los gallegos asesinados por el franquismo", ha censurado.

Para Veiga, la representante popular "traía perfectamente diseñada su estrategia, para no tener que pronunciarse y callar cobardemente, igual que hizo el PP hace un año cuando el gobierno llevó a cabo la retirada de distinciones y honores a Franco, a Pilar Primo de Rivera, a la falange y a toda esa fauna".

El PP "está situado del lado de los verdugos, de los que asesinaron y no está del lado de los demócratas", ha afirmado. Así las cosas, ha subrayado que ya "no solo es grave en el plano político, sino en el jurídico, por la Ley de Memoria Histórica". Se "pedirán las oportunas responsabilidades" si se ha vulnerado dicha ley, algo que ya estudian los servicios jurídicos provinciales, según ha adelantado.

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