Gran parte de quejas de servicios sociales se refieren a situaciones de exclusión o en riesgo, "en aumento" desde que empezó la crisis
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El informe del Valedor do Pobo correspondiente a 2016 constata que siguen las quejas ligadas a los "atrasos" en prestaciones de la dependencia, así como en el ámbito sanitario. No en vano, la institución remarca que es necesario "mejorar" la gestión de las listas de espera "utilizando criterios de prioridad claros y transparentes".
En el área de servicios sociales, la mayoría de las quejas se refieren a situaciones de exclusión social o de riesgo de caer en ella. La valedora, Milagros Otero, y el propio documento reafirman que este tipo de casos están "en aumento" desde que empezó la crisis. También se incide en la atención a la dependencia, y a la "conculcación de derechos" de personas con discapacidad.
En todo caso, el informe incide en que "la mayoría de las quejas" por prestaciones de la Renda de Integración Social de Galicia (Risga) ya no se refieren a demoras. "Las quejas relativas a la Risga se centraron en su retirada o suspensión o en la falta de reconocimiento de complementos", constata, para concluir que esto se debe a que "aún no se ha desarrollado la ley".
En materia de dependencia, las reclamaciones siguen refiriéndose a "atrasos", pero "en menor medida", sobre todo después de que numerosas actuaciones de la institución "consiguiesen erradicar una mala praxis que atrasaba muchos expedientes" (prolongados atrasos en las solicitudes de prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar).
COPAGOS
Ahora, las quejas por dependencia se reorienta a "problemas con los copagos, a la reducción de las libranzas o a las listas de espera para servicios". El Valedor subraya que las reducciones de prestaciones o los aumentos de copagos se hicieron de acuerdo con la legalidad, pero "perjudicaron a los usuarios y a sus familias".
Por ello, la institución ve conveniente buscar una fórmula que permita "respetar el mínimo vital de los copagos cuando se reciben rentas análogas a las prestaciones de dependencia" y ampliar las compensaciones por fallecimiento sin atención mediante un procedimiento simplificado y rápido que evite acudir a otras vías.
En cuanto a las plazas residenciales, "escasas", el informe recoge el anuncio de la Xunta de que se crearán siete nuevas residencias en las ciudades. De hecho, la Valedora ha destacado el papel colaborador de la Consellería de Política Social.
REFUGIADOS
Milagros Otero también ha incidido en la rueda de prensa en la situación que viven los refugiados. "Los defensores del pueblo autonómicos reclamamos una política más activa y eficaz para abordar la llegada masiva de solicitantes de asilo y refugio y respetar su dignidad y derechos", recoge el informe.
El resumen de actuaciones del Valedor de 2016 hace constar, asimismo, diferentes acciones para que "cese" la falta de pago de pensiones a emigrantes que trabajaron y cotizaron en Venezuela.
LISTAS DE ESPERA Y OPOSICIONES
En el área sanitaria, el informe de 2016 remarca que es necesario mejorar la gestión de las listas de espera, pero también implantar iniciativas que contribuyan "a la concienciación y sensibilización de los profesionales" que trabajan en el ámbito sanitario para "mejorar el trato a los usuarios".
No en vano, el Valedor recuerda que el derecho a la protección de la salud trasciende del propio sistema sanitario porque se fundamenta "en la dignidad de la persona", expresada en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la propia Constitución.
En cuanto a la reorganización en la gestión de centros y servicios sanitarios, de espacios físicos y recursos materiales, señala que se debe garantizar una asistencia de calidad de toda la población afectada. En todo caso, la institución destaca que la Consellería de Sanidade "atiende en buena medida" las iniciativas de la institución.
Por otra parte, se hace constar que el aumento de la oferta pública de empleo de la Xunta, sobre todo en Educación, ha tenido su reflejo en las quejas llegadas a esta área en las que se solicita la supervisión del Valedor en el desarrollo de los procesos selectivos y, sobre todo, en el acceso a revisión de pruebas y copia de exámenes.
La valedora, quien ha señalado que, por el momento, no ha habido queja en relación al proceso que se activará en este ejercicio, ha señalado que estas actuaciones son importantes en tanto condicionan la cobertura futura de los puestos de interinidad.
CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES
En 2016, la institución también desplegó actuaciones para mejorar el funcionamiento de los centros de internamiento de menores y se preocupó por tratar de mejorar el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal (Imelga) en lo que se refiere a los informes psicosociales de los jóvenes y por mejorar las políticas de acogimiento en familia extensa.
La valedora también ha incidido en las acciones divulgativas en contra del consumo de alcohol en menores y, al margen de los poderes públicos y de los centros educativos, ha resaltado el papel que deben jugar las familias a la hora de erradicar este problema, que le preocupa "mucho".
ACOSO ESCOLAR Y LGTBI
Milagros Otero también ha esgrimido que queda trabajo por hacer contra el acoso escolar, especialmente homofóbico y transfóbico, ante situaciones que afloran en las quejas recibidas en materia de convivencia escolar.
Al tiempo, ha destacado que se mantuvo activa la vigilancia en la protección de la diversidad sexual. En concreto, ha resaltado el acompañamiento de la institución a una persona transexual en su proceso quirúrgico que, tras muchos atrancos, "se desarrolló con éxito".
TRANSPARENCIA
Por último, en el apartado de transparencia, en 2016 el Valedor puso en marcha la Comisión de la Transparencia que, hasta el momento, recibió 73 reclamaciones sobre derecho de acceso a la información pública ejercido ante las administraciones gallegas.
Constan como finalizadas 50 y, en más de la mitad de los casos (27), se consiguió que las administraciones aludidas reconociesen el derecho a acceder a las personas y se les facilitase la información pública demandada.
