De solicitudes de regularización a documentos "secretos": la Xunta urge información ante la Sectorial de Inmigración

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha remitido a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, un escrito en el que le exige información "completa y suficiente" del proceso de regularización de migrantes ante la Conferencia Sectorial de este jueves, de acuerdo, remarca, con lo que se había comprometido "expresamente" a las comunidades.

La petición es amplia y abarca desde datos actualizados y desagregados de solicitudes, a estudios de impacto económico o información sobre posibles documentos "declarados secretos" en el proceso.

El escrito, difundido por Política Social, arranca recordando que en la Comisión Sectorial de Inmigración celebrada con carácter previo a la próxima Conferencia Sectorial, la Secretaría de Estado adquirió "expresamente" el compromiso de remitir a las comunidades "toda la documentación existente" relativa al proceso de regularización finalizado el 30 de junio.

También, agrega, a incorporar a la convocatoria una mención expresa sobre la existencia de documentación clasificada o reservada, así como otros documentos de apoyo para la discusión de los diferentes temas planteados en el encuentro.

"Dichos compromisos son innegables y figurarán en el acta", continúa la misiva de la conselleira, que incide en que varias comunidades demandaron dicha acta y se les denegó el acceso a la documentación. Fabiola García considera que se vulnera el reglamento de la Conferencia Sectorial y que la coyuntura es "especialmente grave" dada la demanda reiterada de comunidades de datos que permitan a las comunidades evaluar "el alcance real" de las decisiones adoptadas.

"No resulta aceptable convocar a la Comunidad de Galicia a una Conferencia Sectorial para debatir cuestiones de indudable trascendencia en materia migratoria sin facilitar previamente la documentación necesaria para su análisis", advierte, antes de argumentar que la cooperación institucional exige "información previa, completa y veraz".

En esta coyuntura, la Xunta reclama la remisión inmediata de la memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) correspondiente al proceso extraordinario de regularización, anexando toda la documentación obrante en el expediente administrativo elaborada por todos los ministerios.

También cualquier informe, evaluación o estimación elaborada por la Administración General del Estado relativa al impacto económico, presupuestario, sanitario, educativo, social, residencial o asistencial derivado del proceso de regularización para las comunidades; así como información "actualizada y desagregada" sobre las solicitudes, desde el total de presentadas hasta las válidas y la distribución territorial, entre otras cuestiones.

La conselleira quiere también información sobre los documentos "declarados secretos o reservados" durante el proceso de regularización por parte de cualquier ministerio u organismo participante en el proceso.

"DATOS CONTRASTADOS"

En último término, se pide "al menos, cualquier informe, evaluación o estimación elaborada por la Administración general del Estado relativa al impacto económico del Plan de Integración y Ciudadanía". Y se insiste en que las decisiones afectan directamente a la planificación y gestión de la política migratoria estatal, con "consecuencias directas" sobre las competencias autonómicas y locales, la prestación de servicios públicos esenciales y la "sostenibilidad financiera" de las administraciones.

La conselleira concluye recordando que Galicia viene defendiendo "la necesidad de una política migratoria basada en los principios de legalidad, orden, cooperación institucional, integración efectiva y adecuada planificación de los flujos migratorios en función de la capacidad real de acogida de los territorios y de las necesidades objetivas del país".

Precisamente por ello, argumenta que "resulta imprescindible" que cualquier decisión en esta materia se sustente en "datos contrastados, evaluaciones de impacto suficientes y una participación efectiva de las administraciones territoriales llamadas a gestionar sus consecuencias".