La CIG acusa a la Xunta de "preferir dilapidar" dinero público para pagar sentencias "millonarias" que emplearlo en el servicio
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un total de 57 de los 61 despidos de empleados de las oficinas I+B, dependientes del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar --que fue sustituido por la Xunta para la puesta en marcha de la Axencia Galega de Servizos Sociais-- son declarados "improcedentes o nulos", según ha informado el sindicato CIG.
Así, la secretaria nacional de CIG-Administración, María del Carmen López Santamariña, ha resaltado en rueda de prensa que, de las 57 sentencias favorables a los trabajadores --dos personas no presentaron demanda y otras dos fueron favorables a la empresa-- cinco fueron despidos "nulos de pleno derecho" y, de ellas, cuatro son afiliados de la CIG. Esto supone que pueden elegir la incorporación efectiva a su puesto de trabajo o una indemnización de entre 15.000 y 16.000 euros más el salario de tramitación.
De hecho, las sentencias que declaran nulos cinco de los despidos realizados en 2009 de 61 trabajadores --de los 104 que tenían las 18 oficinas de I+B-- alegan que la forma de destitución "no era adecuada" porque "no había fecha de finalización del contrato" y los programas "seguían" en el tiempo.
En este sentido, los despidos improcedentes también recibirán una indemnización de unos 15.000 euros más salario de tramitación.
Por ello, la CIG ha acusado al Gobierno gallego de "preferir" pagar "cifras millonarias" para hacer frente a indemnizaciones que destinar ese dinero a la atención de las oficinas de Igualdade e Benestar.
"DILAPIDAR DINERO PÚBLICO"
De esta manera, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, criticó la actuación del Gobierno gallego, que, a su juicio, "siempre tuvo en el punto de mira" a los trabajadores y "usó la mentira y la calumnia como pauta de actuación".
"El Partido Popular tuvo desde su llegada al poder el objetivo inmediato de desmantelar el Consorcio con su carácter público, reducir su calidad en el servicio, empeorar las condiciones de trabajo y privatizarlo", ha recriminado Louzao.
Por ello, ha remarcado que la Justicia "da la razón" a los trabajadores, a la vez que ha acusado a la Xunta de "dilapidar dinero público" para pagar la resolución de estas sentencias, ya que "le da igual, porque no sale de sus bolsillos, sino de los de todos los gallegos".
Junto a esto, ha recriminado al PP que, con su entrada en el Consorcio, "bloquease" el convenio negociado para más de 1.200 trabajadores, a la vez que se ha referido a "la falta de diálogo" para poner en marcha oposiciones.
Al respecto, ha demandado que "lo lógico y normal es que se restituyese el servicio", para que la situación de las oficinas vuelva a funcionar "al 100 por 100".
MENOS PERSONAL
Por su parte la presidenta del comité de empresa del Consorcio en A Coruña, Laura Estévez, ha resaltado que una vez que el personal fue despedido "no se tomó ninguna decisión" de cómo llevar a cabo ese trabajo, pues, aunque la Xunta se comprometió a su gestión, según este sindicato, "no se tuvo conocimiento" de su puesta en marcha por parte del Gobierno gallego.
Así, las oficinas que antes trabajaban con seis personas, ahora lo hacen con "entre dos y tres", por lo que "no pueden abarcar los mismos ámbitos de actuación".
