Beatriz Mato recuerda el "compromiso" de la Xunta con la inclusión social, uno de los objetivos para estos próximos cuatro años
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia ha propuesto a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, impulsar una red de oficinas para evitar los desahucios, una problemática que, en palabras de la presidenta de los trabajadores sociales, Juana Tubío, constituye una problemática que "precisa de respuesta de los poderes públicos ante las auténticas situaciones dramáticas que se viven".
En una reunión que ha tenido lugar este lunes, Tubío Ordóñez ha reivindicado el "ingente e imprescindible trabajo" que está desarrollando el colegio de Traballo Social en el ámbito de la formación y asesoramiento, "a veces con más voluntarismo que recursos".
A este respecto, ha recordado que "un sistema público de bienestar social es la mejor garantía de protección para el conjunto de la ciudadanía", pero ha advertido de que "no puede solo actuar como un elemento reparador, sino también como mecanismo preventivo".
De esta forma, entre las propuestas que los trabajadores sociales han hecho a la consellería destaca una red de oficinas para evitar los desahucios, que tendría como objetivos prevenir los desahucios que estuviesen en fase preventiva, "haciendo un seguimiento pormenorizado de cada caso con el fin de que las familias no pierdan sus viviendas".
Así, funcionaría como "un punto de información de reclamación por deudas hipotecarias", con atención pormenorizada en materia de alquileres, acceso a viviendas o justicia gratuita, como ha concretado Tubío Ordóñez, que es partidaria de que "lo fundamental pasa por un cambio de la legislación para evitar este tipo de dramas".
COMPROMISO INCLUSIÓN SOCIAL
Precisamente, la titular de Traballo ha recordado el compromiso de la Xunta por la "inclusión social", que es uno de los objetivos "principales" para los próximos cuatro años. Esta apuesta, resalta, se refleja en el refuerzo en los presupuestos de la Renta de Integración Social (Risga), que se incrementó "un 38 por ciento hasta llegar a los 32,7 millones".
Asimismo, Mato también recordó la inversión en las ayudas de emergencia social, que crecieron un 50 por ciento, al pasar tres a 4,5 millones de euros en los presupuestos de 2013.
En este contexto, la titular de Benestar informó a Tubío Ordóñez de que la nueva ley de inclusión social de Galicia, que se tramitará en el Parlamento en este periodo de sesiones, promoverá la integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social. A este respecto, aseguró que la normativa aprovechará "sinergias entre los servicios sociales y de empleo", con el fin de dotar a las personas más vulnerables de un itinerario de inserción laboral "coherente y único".
De hecho, recordó que esta normativa incluirá la elaboración de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral, adecuando los procesos formativos a las necesidades específicas de los alumnos, para la adquisición de las competencias básicas y el reciclaje profesional.
"PREOCUPACIONES"
Al margen de esta propuesta, la presidenta del colegio también transmitió la "preocupación" por la amortización de diez plazas de trabajadores sociales por parte de la Xunta, así como por la "posibilidad de un empeoramiento de los servicios públicos de bienestar en los ayuntamientos", derivado de la propuesta de modificación de la Ley de bases de régimen local.
La presidenta del Colexio de Traballadores Sociais de Galicia aseguró que la reunión se ha desarrollado "con total normalidad y cordialidad", y en un contexto, ha dicho, en que "más que nunca es precisa la colaboración institucional y el diálogo con todos los sectores sociales".
Por su parte, Beatriz Mato mostró también su "preocupación" por las familias gallegas y la población de la comunidad. A este respecto, indicó que la Consellería de Traballo e Benestar retomó la tramitación del 'Plan para la dinamización demográfica de Galicia 2013-2016. Horizonte 2020', que será llevado al Parlamento gallego.
Este documento amplía de 50 a 67 medidas para atajar el problema demográfico específico de la Comunidad gallega, que se articulan alrededor de cuatro áreas de intervención, como son la sensibilización social, el impulso socioeconómico de la maternidad y paternidad, el apoyo a las familias y la coordinación entre administraciones.
